El Congreso argentino le ha puesto un freno aplastante a la impunidad. Con una mayoría abrumadora, los legisladores cruzaron a la Corte Suprema de Justicia con una ley que limita la aplicación del llamado “2x1”, el mecanismo utilizado por el tribunal en un fallo que le abrió las puertas a la liberación de represores de la última dictadura militar.

Con 211 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la ley y el Senado la avaló por unanimidad (56 votos a favor y ninguno en disidencia), ratificando el camino elegido por la mayoría de los argentinos que coparon ayer la Plaza de Mayo en una jornada de repudio que recordó a la multitudinaria movilización contra el indulto del entonces presidente Carlos Menem a los dictadores en 1990.

Pero más allá de la contundente marcha en el histórico paseo del centro de Buenos Aires, los legisladores demostraron una unidad pocas veces vista en el tratamiento de una ley, en medio de un repudio generalizado que obligó al oficialismo a encolumnarse con la mayoría.

El diputado Alfredo Olmedo (de la agrupación Salta para Todos, aliada del gobierno de Mauricio Macri), un ferviente creyente y homofóbico declarado,  fue el único legislador que votó en contra de ponerle límites al fallo de la Corte Suprema. El resto aprobó la ley.

“Acá hubo dos sectores enfrentados: los militares y los terroristas; los dos deberían ser juzgados por igual”, argumentó Olmedo, autor de un proyecto de ley que instala la pena de muerte en el país y que en el 2011 sufrió la clausura de un campo de su propiedad por “trabajo esclavo”. Olmedo quedó absolutamente solo en el recinto.

Pero ¿qué dice la norma aprobada en el Congreso? Que el fallo no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

La Corte Suprema liberó la semana pasada al represor Luis Muiña, condenado a 13 años de cárcel, al aplicarle la ley conocida como del “2x1”, vigente entre 1994 y 2001 y que computa por dos la cantidad de años sin condena a partir del segundo año pasado en prisión. Tras la resolución, numerosos represores pidieron beneficiarse con el fallo, lo que derivó en una repulsa social generalizada y la rebelión de tribunales inferiores. Por caso, la justicia de la provincia andina de San Juan declaró “inconstitucional” el fallo y el fiscal Guillermo Marijuan imputó a los tres jueces que votaron a favor de la aplicación del “2x1” para los represores.

La oposición le endilgó responsabilidad al gobierno por el fallo porque dos de los tres votos a favor de la norma (hubo otros dos en disidencia) correspondieron a los dos jueces que Macri impulsó tras su llegada al poder, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El restante fue de Elena Highton, quien estuvo en conflicto con el gobierno por rechazar jubilarse a los 75 años. Un fallo judicial de primera instancia le dio la razón y el Ejecutivo, en un movimiento sospechoso, decidió no apelar el fallo en febrero pasado.

Dos meses después Highton acompañó a los dos jueces propuestos por Macri en una iniciativa repudiada por la sociedad. “No lo puedo creer pero si llega a ser cierto (que el gobierno interfirió en el fallo de la corte) seré uno de los primeros en denunciarlo”, dijo el diputado oficialista Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, quien impulsó el juicio a los dictadores a mediados de los 80 y considerado el “padre de la democracia” argentina.

¿Y el presidente Macri? Finalmente rompió un silencio de seis días para referirse al tema. “El vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del ‘2x1’ lo está subsanando el Congreso y los quiero felicitar. Siempre estuve en contra porque estoy en contra de cualquier ley que beneficie la impunidad”.

Pero para la expresidenta Cristina Fernández, quien habló desde Bruselas, donde está de visita, Macri es responsable del fallo porque “armó una mayoría automática” en la Corte Suprema. “Hoy vemos una justicia alienada por el Poder Ejecutivo y peor aún, una Corte Suprema alienada por el Poder Ejecutivo”.

El diputado “kirchnerista” Remo Carlotto, hijo de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que el país atraviesa “un momento político de preocupación” y advirtió que el cambio que se observa en materia de derechos humanos comenzó a partir del contexto político que vive el país desde la asunción de Macri.

Pero a pesar de las críticas, la alianza oficialista Cambiemos se sumó a la mayoría en la votación, aunque determinados gestos dejaron en evidencia sus puntos de vista.

Cuando la nieta recuperada y diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, pidió un aplauso para las Madres de Plaza de Mayo y la propia Estela de Carlotto que presenciaban el debate, al menos dos legisladores oficialistas, Fernando Sánchez y Nicolás Massot, siguieron conversando en sus butacas mientras el resto de los diputados aplaudía de pie. (I)