La ONU y la OEA piden por su inmediata libertad. El papa Francisco le escribe una carta y le desea que su caso “se resuelva bien y pronto”. La oposición “kirchnerista” la considera la primera presa política de la democracia argentina. Y hasta el premier canadiense, Justin Trudeau, de visita en Buenos Aires, le reclama al presidente Mauricio Macri que se cumpla el estado de derecho.

Pero a casi un año y medio de su arresto, el 16 de enero de 2015, la militante social Milagro Sala sigue esperando tras las rejas. Fue detenida por protestar, aunque luego se le agregaron, ya en la cárcel, graves y variadas acusaciones de corrupción en el marco de un plan de viviendas sociales construidas con fondos del Estado durante el último gobierno. Las autoridades de la alianza oficialista Cambiemos de la provincia de Jujuy, donde Sala nació hace 53 años cerca del límite con Bolivia, la consideran hoy su principal enemiga.      

Tras un intento de suicidio ocurrido a principios de año, esta militante social de origen indígena y líder de la agrupación Tupac Amaru aguarda ahora la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presión internacional es cada vez más fuerte.

Esta importante misión se materializará en junio en el penal jujeño Alto Comedero, donde Sala está detenida desde enero del 2015 acusada de corrupción, irregularidades financieras y de llevar adelante prácticas “clientelistas” como la afiliación compulsiva a su organización como requisito para beneficiarse de sus obras.

“Podemos confirmar oficialmente que la Comisión –con algunos de sus integrantes– visitará a la señora Milagro Sala en Jujuy”,  dijo el presidente de la CIDH,  Francisco Eguiguren. El objetivo será evaluar in situ sus condiciones de detención y su estado de salud.

El periodista Horaco Verbitzky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que “el gobierno hizo todo lo posible para impedir esto, pero no pudo porque la comisión pudo percibir en Argentina la gravedad de la situación de la privación de la libertad de Milagros Sala”.

El anuncio del organismo dependiente de la OEA tiene un alto significado político en el país austral. ¿El motivo? Se conoce en momentos en que se espera una resolución de la  Corte Suprema de Justicia sobre el caso, que podría materializarse esta misma semana.

Los seguidores de Sala consideran que su arresto es ilegal ya que originalmente fue detenida por protestar y solo después se le presentaron cargos. Además, su arresto fue decidido por la corte provincial después de que su nuevo gobernador, Gerardo Morales, aliado de Macri, nombrara a dos nuevos jueces que hasta diciembre habían sido diputados de su partido, la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los puntales de la alianza oficialista Cambiemos. Además, Sala es diputada electa del Parlasur, por lo que debería tener fueros de inmunidad.

Incluso, para los seguidores de Sala y numerosos organismos sociales e internacionales, Sala debería aguardar el juicio en su contra en libertad, un derecho que solo es negado por la justicia en caso de que exista un riesgo latente de fuga o la sospecha de que la acusada intente poner trabas al caso.

Con todos los elementos en la mano, en octubre pasado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pidió su “inmediata liberación”. En un comunicado, esta entidad de la ONU afirmó que en el caso “hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo”. Además, señaló que en esta causa "se vulnera la independencia judicial" ya que "no se demostró que existen riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad".

Pero la ONU no fue la única. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA se sumó al reclamo e incluso el secretario general del organismo, Luis Almagro, que no se caracteriza por defender a gobiernos progresistas y ha tenido furiosas críticas a Venezuela, fue lapidario en su pedido:  En un comunicado expresó que su “más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, así como las garantías del debido proceso y al no abuso del instituto de la prisión preventiva, me convencen de la necesidad de su inmediata liberación”.

El caso Sala le quema en las manos al gobierno de Macri, que viene siendo sometido a una fuerte presión internacional. El ejecutivo se escuda en la independencia judicial, pero esa característica es puesta en duda en el caso de Jujuy. El presidente debió soportar con un agesto adusto que el premier canadiense, Justin Trudeau, lo interpelara sobre la situación de Sala en su visita a Buenos Aires en noviembre pasado.

Pero la gota que rebalsó el vaso en el seno del ejecutivo fue la carta firmada por Francisco que le hizo llegar a la dirigente social. “Sé que el momento porque está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto”, le escribió el Papa argentino.

Fue un baldazo de agua fría para el gobierno. La vicepresidenta Gabriela Michetti solo atinó a esbozar: “no lo logro entender. Debe tener información distorsionada”, dijo.

A casi 500 días de su detención, el caso Milagro Sala amenaza con estallarle en la cara al gobierno argentino. (I)