El caso Penta sacude a la derecha chilena

En Chile no se habla de otra cosa que no sea el escándalo que protagoniza desde hace algunos días la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más importante de la derecha chilena y uno de los conglomerados políticos más relevantes del país. La UDI está viviendo una de sus noches más oscuras después de que el 30 de diciembre se supiera que algunos de sus candidatos habrían obtenido ayudas económicas para sus candidaturas, bajo la figura de boletas de honorarios falsas, por parte de Penta, uno de los mayores holdings financieros.

La controversia arrastra numerosas vertientes. No solo representa un problema judicial para la UDI, sino que el partido está metido ahora en un lío legal, tributario y político, pero mayormente ético. Especial impacto entre la ciudadanía ha tenido una serie de correos electrónicos revelados por el diario La Tercera, en el que conocidas figuras de la política chilena, entre ellos varios senadores, solicitan dinero al Grupo Penta, con un lenguaje bastante burdo y de manera muy coloquial.

Todo partió como una simple investigación por supuestas devoluciones de impuestos ilícitas, en la cual el Servicio de Impuestos Internos (SII) chileno interpuso una demanda por fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) por alrededor de $ 4 millones contra más de 120 contribuyentes. Era agosto de 2013 y el nombre de Hugo Bravo López, hasta hacía poco tiempo exdirector del Banco Penta y exgerente general de Empresas Penta, aparecía entre los principales involucrados. Junto a él, los dueños del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, también relacionados con el delito tributario. A poco andar, todos fueron acusados de entregar boletas de honorarios falsas con el fin de reducir sus impuestos y obligados a pagar más de $ 3,6 millones.

Este hecho hizo que el holding, cuyo patrimonio activo es superior a los $ 20.000 millones, quedase en la mira del SII y en el centro de una investigación que prontamente evidenció que su trastienda era mucho más compleja que una evasión tributaria. La Fiscalía había comenzado a examinar en detalle la información recolectada, en especial la entregada por Bravo tras ser interrogado y la recogida de computadores incautados desde las oficinas de Penta en agosto de 2014.

En esta, aparecían las primeras señales que indicaban que el conglomerado había entregado dineros “bajo cuerda” a diversos políticos, entre ellos Jovino Novoa, exsenador y uno de los líderes de la UDI, quien habría sido el principal recolector de fondos para las campañas de su partido. Pero también el escándalo golpeó a Laurence Golborne, excandidato presidencial de la UDI y Andrés Velasco, exprecandidato presidencial, entre otros. Todos, conocidas figuras de la política chilena con alto nivel mediático.

Pero no fue hasta fines de diciembre cuando se conoció la real magnitud del caso, una vez que la Fiscalía levantó la reserva de la investigación. Entonces las pruebas se hicieron públicas y como parte de ellas, decenas de correos electrónicos entre los controladores de Penta y los distintos candidatos pidiendo apoyos fuera de la ley electoral vigente en Chile. “Para los mil metros finales ¿Queda algún cupón de combustible? Avísame. Un abrazo y mi gratitud para toda mi vida”,  reza el correo enviado por el actual senador Iván Moreira (UDI) a Bravo, quien a modo de respuesta señaló: “Así va a ser. Te haré dos de cinco. Total 10 bototos” ($ 16 mil).

Hasta ahora, solo Moreira ha dado disculpas públicas por haber recurrido a métodos irregulares para obtener donaciones para su campaña.

La ley que se discute

La ley sobre gasto electoral en Chile es clara. Las donaciones provenientes de personas jurídicas (empresas) no pueden superar el 1% de sus utilidades y gracias a eso es posible obtener rebajas tributarias. Además se establece el mecanismo de aportes reservados, bajos los cuales los candidatos reciben dineros sin saber, supuestamente, quién se los entregó.

Sin embargo, con el fin de modificar la actual ley, a mediados de diciembre el gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto que busca regular y transparentar las contribuciones, estableciendo que solo pueden ser realizadas por personas naturales y no por empresas, a la vez que plantea acabar con las donaciones reservadas.

Tras el escándalo, y mientras la Fiscalía investiga al conglomerado económico por la obtención de beneficios tributarios a partir de boletas falsas y el posible de delito de cohecho, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, dio la primera muestra de querer enmendar el camino, tras anunciar que apoyarán la reforma al sistema de financiamiento de las campañas, situación a la que como partido se habían opuesto sistemáticamente hasta hace solo un par de semanas.