Gran Bretaña inició el pasado 29 de marzo el proceso oficial de separación de la Unión Europea (UE) tras activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, un ‘divorcio’ que tendrá multimillonarios costos e implicaciones legales para ambas partes.

El Gobierno británico de la primera ministra Theresa May confirmó al presidente del Consejo europeo que espera que la salida definitiva del Reino Unido del bloque comunitario se produzca en dos años, para finales de marzo de 2019.

Sin embargo, el complejo proceso que se inició tendrá enormes costos económicos, financieros y comerciales, como también serias implicaciones legales.

De acuerdo con un informe elaborado por el periódico inglés The Guardian, en caso de que Londres y Bruselas no se pongan de acuerdo en un plan de salida concreto -como  analistas y expertos temen- los exportadores británicos podrían terminar pagando al menos 6.000 millones de libras esterlinas ($ 7.600 millones) más de costos al año para exportar sus productos y bienes.

Una falta de acuerdo entre las partes hará que Gran Bretaña dependa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para establecer acuerdos comerciales con países de la UE, que implicará el gravamen de costosos aranceles.

Según The Guardian, Gran Bretaña exporta anualmente bienes por un valor de $ 204.000 millones a Europa, pero tras un Brexit sin acuerdo, deberá pagar a través del OMC tarifas anuales de al menos $ 7.600 millones.

Los sectores más afectados serían los de la agricultura y automotriz, que actualmente no pagan ninguna tarifa de exportación a UE.

Dichos sectores podrían pagar tarifas del orden del 10 % para las automotrices, 16 % para camiones con acoplado, 23% para jamones, y 109% para la caña de azúcar.

“Dudo que los granjeros sepan lo que se viene”, afirmó John Springford, director de investigaciones del Centro para la Reforma europea.

“Existe el riesgo para el granjero británico promedio de terminar comerciando bajo acuerdos mucho peores que los actuales”, agregó el experto económico.

Para el sector de moda e indumentaria las tarifas anuales podrían trepar hasta $ 1.000 millones.

El exembajador británico en la UE, Iván Rogers, advirtió recientemente que las negociaciones para reemplazar un acuerdo comercial con Europa podrían demorarse hasta una década, lo que implica que en el peor de los escenarios posibles los exportadores británicos deberán absorber 60.000 millones de libras
($ 76.000 millones) en tarifas y costos extras para mantener su competitividad, o enfrentar una reducción masiva de sus ventas.

Monique Ebell, del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y Sociales, considera por su parte que la caída a largo plazo del comercio británico con Europa podría desplomarse hasta en un 30% si los acuerdos terminan pasando por la OMC.

Por otro lado está el problema de la factura que la UE evalúa cobrarle al Reino Unido por al menos 50.000 millones de libras ($ 63.000 millones), en materia de deudas ya adquiridas con el bloque.

Ese monto incluiría la parte que debe aportar el Gobierno británico por obligaciones de pensiones, garantías de préstamos y el gasto en proyectos basados en Reino Unido.

Gran Bretaña buscará compensar los costos vinculados al Brexit con al menos $ 160.000 millones en bienes que posee en la UE.

Michel Barnier, el principal negociador de la UE para el Brexit, está preparando una lista de pasivos británicos por 51.000 millones de libras ($ 64.000 millones) o más.

Por su parte, funcionarios en Londres también están elaborando su propia lista de bienes financieros en la UE, que incluye desde edificios, hasta tierras y otras instalaciones.

Debido a que Gran Bretaña es el segundo mayor contribuyente neto a la Unión, el Gobierno británico buscará asegurar $ 22.000 millones en bienes para compensar el pago que deberá hacer al bloque. 

Por ejemplo, un ‘tanque de ideas’ independiente en Bruselas estimó que los bienes británicos en la UE podrían trepar hasta los $ 162.380 millones.

El Brexit también tendrá un serio coste para el sector financiero del Reino Unido, uno de los más importantes del mundo junto al de Nueva York, Tokyo y Singapur.

Gran Bretaña podría perder hasta 30.000 puestos de trabajo en el sector financiero como resultado del ‘divorcio’ con la UE.

En total, la City de Londres perdería 10.000 empleos de bancarios y 20.000 en el sector de contabilidad, legal y consultorías, debido a que clientes de la UE buscarán trasladar sus negocios por un valor de 1,6 billones de libras ($ 2 billones) al continente, posiblemente a Frankfurt, París, Amsterdam y Dublín.

Esos costos extras por el Brexit afectarán de forma significativa a la economía británica.

El mes pasado, el ministro de Economía, Philip Hammond, confirmó que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se reducirá algo en los años siguientes, hasta un 1,6% en 2018, un 1,7% en 2019, un 1,9% en 2020 y -coincidiendo con lo previsto- un 2% en 2021.

Hammond dijo que la deuda neta acumulada, que asciende a 1,7 billones de libras ($ 2,2 billones), alcanzará este ejercicio fiscal el pico de un 88,8 % del PIB, para caer posteriormente “por primera vez en 20 años” hasta situarse en un 79,8% en 2021-2022. En tanto, el índice de inflación, que está en el 1,8%, llegará al 2,4% este año, para reducirse a un 2,3% y un 2% en los dos años siguientes, dentro del objetivo del Banco de Inglaterra.

Desde el referéndum de junio pasado, la libra esterlina perdió casi un 15% de su valor frente al dólar y el euro, y ese porcentual podría seguir bajando tras el Brexit.

Los precios de las propiedades también frenaron su avance, y las perspectivas para el sector fueron calificadas como “inciertas”. 

Lo cierto es que un día después de que el Gobierno activó el artículo 50 dando inicio al proceso del Brexit, las autoridades del país presentaron en el Parlamento la llamada Gran Ley de Derogación (Great Repeal Bill), que reclama la “soberanía” del Reino Unido y deja sin efecto la Ley de Comunidades Europeas de 1972.

El documento por el cual se buscarán incorporar unos mil textos legales de la Unión Europea (UE) a la legislación británica, pondrá fin a 44 años de lazos con el bloque.

Los textos legales involucran desde derechos de los trabajadores y consumidores, pasando por temas medioambientales, de minería, pesca, hasta de tráfico aéreo y portuario, entre muchos otros.

En efecto, el Gobierno “copiará y pegará” muchos de esos textos a la legislación británica, para evitar así crear un “agujero negro” cuando se haga efectivo el ‘divorcio’ de la UE.

En una ponencia en la Cámara de los Comunes, el ministro para el Brexit, David Davis, confirmó que la ley deberá entrar en vigencia el mismo día en que el Reino Unido abandone el bloque comunitario. “Un país fuerte e independiente necesita el control de sus propias leyes. El proceso empieza ahora. Convertir la ley europea en ley británica es la manera de poner fin a la supremacía legislativa de Bruselas”, agregó el funcionario conservador.

Se trata de uno de los mayores proyectos legislativos jamás elaborados en la historia de Gran Bretaña, que definirán no solo en qué tipo de país se convertirá, sino también su relación futura con Europa.

El proceso

El término Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) se extendió tras la celebración del referéndum del 23 de junio de 2016 sobre el tema, que se saldó con un 51,9% de los votos a favor de la retirada frente a un 48% favorable a la continuidad. La consulta fue convocada por el exprimer ministro David Cameron, quien dimitió tras conocerse el resultado, contrario a la línea oficial del Gobierno.

El Gobierno británico activó el 29 de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Una vez que ha comunicado formalmente su decisión, arrancan las negociaciones formales para la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea (UE).

Ahora comienza un período negociador formal de dos años entre la UE y el Reino Unido a fin de establecer los términos para el Brexit y fijar las pautas de las nuevas relaciones futuras entre Londres y Bruselas. (I)