Esta fue una semana agitada para la exsenadora colombiana Piedad Córdoba. El lunes se pasó el día apoyando las gestiones de miles de colombianos que intentan salvar los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El martes pasado, el Consejo de Estado revocó un fallo de la Procuraduría que en 2012 la destituyó de su cargo de legisladora y la inhabilitó por 14 años de sus derechos políticos. Y el miércoles, participó en Bogotá en una multitudinaria marcha por la paz.   

La líder del movimiento social Marcha Patriótica está agotada pero satisfecha de que la justicia colombiana revocara, por falta de pruebas, la sanción que le había impuesto el ultraconservador procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, quien usó ese cargo para perseguir a dirigentes de izquierda, como el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el senador, Iván Cepeda, y a la misma Piedad Córdoba.

La exsenadora había sido exonerada en agosto pasado por el Consejo de Estado de otro fallo de Ordóñez, que en 2010 la destituyó del Senado y la inhabilitó por 18 años para postularse a cargos de elección popular bajo cargos de colaborar con las FARC.  

El alto tribunal consideró que eran ‘ilegales’ las pruebas presentadas en su contra por el entonces procurador: los correos electrónicos supuestamente encontrados en el computador del comandante de las FARC, Raúl Reyes, cuando el campamento de este fue bombardeado por las Fuerzas Militares colombianas en el norte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

Esa operación militar, llamada Fénix y mediante la cual Colombia violó, el 1 de marzo de 2008, la soberanía de Ecuador, es enfáticamente deplorada por Piedad Córdoba, quien la considera un “error supremamente grave” del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, quien hoy es el principal opositor a los acuerdos de paz con las FARC.

En entrevista con EL TELÉGRAFO, la exsenadora Córdoba habla de su futuro político, del limbo en que quedó el Acuerdo de Paz con esa guerrilla luego de que fuera rechazado por los votantes en el plebiscito del 2 de octubre, y de la feroz campaña que desató contra ella la ultraderecha colombiana liderada por Uribe y por el ex procurador Ordóñez.

¿Por qué tanto encono contra usted? Luego de dos veredictos del Consejo de Estado que la exoneraron, el exprocurador dice que volvería a fallar en su contra…

Sí. El procurador sigue diciendo que yo hago parte del terrorismo de este país y que pertenezco a las FARC. Si así fuera, lo diría, no tendría ningún problema en reconocerlo. Pero la decisión de la Procuraduría fue algo aberrante, un montaje que se hizo sin absolutamente ninguna prueba. Pero esto que sigue diciendo el exprocurador, lo va a tener que demostrar en los estrados judiciales, voy a estudiar qué caminos seguir. Él debería ser sancionado, debería ser llamado a juicio por el Congreso por las arbitrariedades que cometió.

¿Qué va a hacer ahora que puede participar en política?

Seguir trabajando por la paz, por la paz completa. Hay mucha satisfacción por la decisión que ha tomado el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de iniciar un proceso de negociaciones con el gobierno (esto ocurrirá el 3 de noviembre, en Quito, según lo anunciado por las partes), y voy a hacer un esfuerzo para que todas las fuerzas progresistas y de la izquierda concretemos un Frente Amplio por la Paz en este país. Trabajar porque se concreten los acuerdos de paz con las FARC, implementarlos, consolidarlos y apoyar el proceso con el ELN.

Pero hay una parte del país que todavía es receptiva a las tergiversaciones de los acuerdos de paz que hacen quienes se oponen a ellos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe y el exprocurador.

Hay una disputa entre dos proyectos de país. El de Uribe, por un lado, y de las fuerzas progresistas y de izquierda, por otro. Nosotros coincidimos con el presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz y la terminación del conflicto armado, pero no compartimos su proyecto político y social. Lo que queremos los progresistas colombianos es construir un país con más justicia social, más incluyente, y no con este modelo económico.

¿Qué representa el expresidente Uribe?

Él representa a unos terratenientes que en el país han generado guerra, muerte, odio, venganza. Muchos de ellos son formadores y forjadores del paramilitarismo, pero son sectores cada vez más desprestigiados, y no les veo ni la oportunidad ni la posibilidad, después de este plebiscito (del 2 de octubre, en el que ganó el ‘No’ a los acuerdos de paz), de alzarse con la Presidencia del país en el 2018.

¿Por qué cree que el expresidente Uribe es tan insistente con el tema de la derogación de la Jurisdicción Especial para la Paz que contemplan los acuerdos con las FARC?

Le tiene miedo a la justicia especial para la paz (a pesar de que los expresidentes no pueden ser llamados a juicio por ese tribunal), porque ahí tiene que hablarse con la verdad, incluso los empresarios, los terratenientes que lo apoyaron a él. El expresidente le tiene mucho miedo a la Comisión de la Verdad (que es parte de los acuerdos). Recordemos que él extraditó (a Estados Unidos, en 2008) a los comandantes paramilitares con los que había negociado la paz. Eso fue para que no hablaran en el país, pero muchos de ellos han venido hablando y contando verdades que lo incriminan.

¿Qué cree que busca Uribe al pedir una renegociación a fondo de los acuerdos de paz?

Yo creo que él lo que quiere es entorpecer y que jamás en este país se sepa la verdad del paramilitarismo. Creo que su estrategia es un mecanismo de defensa judicial (Uribe tiene denuncias judiciales e investigaciones políticas por supuestos nexos con el paramilitarismo).

¿Qué salida ve al limbo en que se encuentran los acuerdos de paz  luego de que los colombianos los rechazaran en las urnas?

Hay una mayoría del país que quiere la paz. Y no puede ser que los voceros del ‘No’ (a los acuerdos de paz) quieran renegociarlos. Esto no puede ser un proceso de meses, sería una irresponsabilidad.

¿Una salida puede ser que el Congreso implemente los acuerdos con las FARC, ya que el presidente Santos quedó impedido de hacerlo por el triunfo del ‘No’?

La salida del Congreso no solo es la más propicia, sino que es la más legal también. El Congreso tiene que recoger los acuerdos y aprobar, internamente, las leyes que se requieren para su implementación. El acuerdo tiene vigencia jurídica porque fue depositado en Suiza (en el Archivo Nacional en Berna) como un tratado internacional. Este es un acuerdo internacional humanitario. Entonces el Congreso lo debe aplicar ya, con límite de tiempo, porque esta discusión no puede ser eterna, como quiere el uribismo.

Parte de las acusaciones que presentó en su contra la Procuraduría provenían de los computadores que supuestamente fueron incautados a Raúl Reyes cuando Colombia bombardeó su campamento en territorio ecuatoriano. Entonces el presidente de Colombia era Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. ¿Qué piensa de este hecho?

Eso fue un error, fue demasiado grave. Y pienso que el presidente Rafael Correa, con su inmensa generosidad por la búsqueda de la paz en Colombia, no solo ha abierto las puertas a los diálogos con el ELN (que serán en Quito) sino que ha echado atrás un episodio tan nefasto, tan delicado, y tan grave como fue la incursión y el bombardeo de las Fuerzas Militares colombianas a territorio ecuatoriano.

¿Qué papel cree que puede jugar Ecuador en los diálogos con el ELN?

Ecuador y el presidente Correa van a ser factores muy importantes en la búsqueda de la paz con el ELN. Ya el Presidente lo está demostrando al ofrecer su territorio para que sea sede de los diálogos entre el gobierno y esa guerrilla, y estoy segura de que va a hacer todo lo que esté a su alcance para contribuir a la paz.

¿Qué impacto tendrá la paz colombiana para la izquierda latinoamericana?

Nosotros en Colombia estamos terminando con el conflicto armado. Esto no significa que estemos haciendo ya la paz. Significa que vienen años muy duros, de búsqueda de la paz, de lograr mínimamente un consenso respetuoso dentro de la sociedad colombiana, de lograr la despolarización política del país, pero fundamentalmente de construir una propuesta con justicia social. Yo creo que la lucha nuestra no se puede mirar de manera aislada, sino que resume también muchas de las luchas de la izquierda y de los progresistas latinoamericanos. (I)