Primero fue Colombia y el próximo podría ser Chile. Tras el reciente anuncio de que Bolivia demandará ante La Haya al gobierno chileno, esta vez por las aguas del río Silala, en Chile se abrió la discusión sobre si permanecer o no en el Pacto de Bogotá, que data de 1948 y que da competencia a la Corte Internacional de Justicia para resolver los conflictos entre los países que se adhieran a este convenio. Así, ambas naciones están obligadas a resolver las disputas internacionales de forma pacífica.

Ya pasada la tormenta política que generó en Chile el anuncio del gobierno de Evo Morales sobre el Silala -que Santiago responderá con una contrademanda- se abrió el debate sobre una eventual salida del Pacto de Bogotá.

Parlamentarios chilenos de distintas bancadas han reflotado el debate sobre la permanencia de Chile en ese convenio. En caso de que el gobierno de Michelle Bachelet decida salirse del pacto, eso se haría efectivo un año después de que se concrete esa decisión.

“Hacemos un llamado a buscar otras fórmulas que nos permitan evaluar la suscripción que tiene Chile de instrumentos internacionales como el Pacto de Bogotá”, afirmó Francisco Chahuán, del partido opositor Renovación Nacional y que ejerce como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En la misma línea, Jorge Tarud, del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), dijo que “llevo 3 años pidiéndoles a los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet el retiro de Chile del Pacto de Bogotá”.

Aunque otros parlamentarios han alertado sobre los efectos negativos que tendría para Chile una decisión de tal magnitud, la población está expectante y apoya que Chile se retire del Pacto de Bogotá. Esto, no solo por el nuevo caso de las aguas del Silala –en la frontera entre ambos países-, sino que también por la demanda marítima boliviana. Según una encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de marzo y la primera de abril, el 62% respalda la idea de que el país debería retirarse del Pacto de Bogotá.

Al mismo tiempo, ese mismo estudio arrojó que el 89% de los chilenos, es decir, casi 9 de cada 10 ciudadanos estima que el país no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia, lo que se transforma en el nivel más alto desde marzo de 2014. También, un sondeo de la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló que el 94% considera que la demanda por las aguas del Silala es una controversia artificial.

Tras este debate, el canciller Heraldo Muñoz ha sido requerido de manera insistente para que se pronuncie sobre la discusión respecto al eventual retiro del Pacto de Bogotá. El jefe de la diplomacia chilena, en todo caso, ha descartado tal posibilidad. Días atrás dijo que: “No hay ninguna evaluación en este momento. Lo que hay siempre es disposición a conversar sobre lo que es mejor para nuestro país. Pero hoy en día, este no es el tema porque no afecta de ninguna manera lo que está en La Haya ni lo que pueda venir en un año”.

Además, cuando la prensa le insistió para que se refiriera a la discusión sobre el Pacto de Bogotá, el canciller Muñoz aclaró que “yo ya lo he dicho muchas veces, no es el momento de esa discusión. No tendrá ningún efecto ni cambiará nuestra posición sobre el Pacto de Bogotá. Chile es respetuoso en derecho internacional y tiene que velar por sus intereses nacionales y lo estamos haciendo en el marco del derecho internacional”.

En una línea similar se manifestó José Miguel Insulza, el agente de Chile ante La Haya. Si la demanda (de Bolivia) se presenta y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la admite, nosotros nos defenderemos como corresponde. No hay que asustarse tanto”. Y agregó: “No hay que caer en esta especie de psicosis colectiva que nos puede llevar a hacer cosas en el plano internacional que nos arrepentiríamos de hacer, y que probablemente es lo que busca el gobierno de Evo Morales”.

En 2009 los gobiernos de Chile y Bolivia estuvieron cerca de llegar a un acuerdo para determinar el uso compartido de las aguas del río Silala, pero el pacto fracasó por la negativa de la administración de Evo Morales. (I)

DATOS

El río o manantial del Silala se origina en el departamento de Potosí, en el sureste de Bolivia, a 4 kilómetros de la frontera con Chile.

Bolivia afirma que es un manantial cuyas aguas fluyen a Chile por canales artificiales construidos en 1908, y que Chile está haciendo un “uso ilegal y abusivo” de estas aguas “sin pagar por ello”.

Chile asegura que se trata de un río internacional, que nace en Bolivia, cruza la frontera hacia Chile y desemboca en el Río San Pedro de Inacaliri, en la cuenca hidrográfica del Pacífico.

Bolivia anunció que su gobierno presentará una demanda a la Corte Internacional de Justicia para que Chile reconozca que tiene una deuda millonaria con su país por el uso durante 100 años de las aguas del Silala.