Tres cuartos de hora es el tiempo que separa la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Bristow, estado de Virginia, donde se encuentra uno de los centros destinados a los menores no acompañados que son retenidos en la frontera, algunos separados de sus familias.

Desde la Casa Blanca, en Washington, solo es necesario tomar la carretera interestatal 66 y recorrer 60 kilómetros hasta el enclave, breve camino flanqueado por la frondosa vegetación característica de Virginia y por las cadenas de comida rápida que se hallan a cada paso en las amplias carreteras de la costa este.

Como si se tratara de una escena de la serie de televisión “Stranger Things”, un grupo de niños disfruta de un paseo en bici por las calles de una urbanización en la comunidad virginiana. Allí, un aroma a césped recién cortado llama la atención del olfato desde el otro lado de la carretera.

En la acera de enfrente, un jardinero trabaja para dejar impoluta la explanada: Es el centro de internamiento de menores de Bristow.

Las instalaciones, regentadas por la asociación sin ánimo de lucro Juventud del Futuro en colaboración con las autoridades, acogen entre sus edificios a decenas de menores inmigrantes que fueron calificados de “no acompañados” al cruzar la frontera.

De estos niños, entre 10 y 20 fueron separados de sus familias desde abril, cuando comenzó la llamada política “tolerancia cero” de Trump, informa una persona conocedora del centro, que pide el anonimato.

En medio de un amplio prado verde, coronado con la bandera de Estados Unidos, dos agentes de seguridad resguardan las dependencias de quienes pretenden ingresar, incluso de quienes quieren hacer donaciones, y de la prensa.

En un margen de media hora, una veintena de vehículos entra en las instalaciones, pero una mujer que lleva víveres “para niñas pequeñas” es frenada en la puerta y asegura que esa es la práctica habitual en sus ofrendas semanales: los guardias la paran y aguarda a que uno de los trabajadores coja los productos.

La dirección del centro no respondió a la prensa y tampoco permitió que entrara al recinto.

La semana pasada, el Gobierno terminó con la separación de familias de inmigrantes indocumentados por las fuertes críticas recibidas; desde entonces reunió a 538 niños con sus parientes, aunque más de 2.000 menores siguen recluidos y apartados de sus familiares, según datos de Seguridad Nacional.

El remedio decretado por Trump establece que a partir de ahora los niños serán encerrados con sus padres mientras se enfrentan al proceso de ser deportados.

En el área colindante a la capital del país, que abarca los estados de Maryland y Virginia, funcionan 12 centros de detención, de los cuales seis están destinados a adultos y otros seis a menores, que se encuentran en la categoría de “no acompañados”, detalla Claudia Cubas, directora de litigios de la organización defensora de inmigrantes CAIR.

Cubas explica que la situación se agravó en los últimos meses con esta administración y que las políticas ahora canceladas ocasionan que los menores recluidos en centros de detención sean más pequeños, esto dificulta las labores de asesoría legal, incluso la reunificación.

Entre las escenas relatadas por la abogada, destaca la de un padre al que un funcionario le dijo que le retirarían la custodia de su hijo, con lo cual decidió renunciar a los trámites para demandar asilo en el país por temor a perderlo.

La letrada, con 10 años de experiencia en este ámbito, no duda en calificar de “tragedia” las acciones cometidas por el Gobierno republicano y afirma que, según las informaciones que maneja, los centros de internamiento acogen a niños desde los dos años. (I)

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El juez de la corte Anthony Kennedy sale de escena

La Suprema Corte de Estados Unidos anunció que uno de sus nueve jueces, Anthony Kennedy, pasará a la jubilación a partir del 31 de julio, que da de esa forma al presidente Donald Trump la posibilidad de nombrar un nuevo magistrado para el tribunal.

Kennedy, de 81 años y que fue nombrado para la Suprema Corte por Ronald Reagan en 1988, es considerado un juez de corte conservador, aunque en temas sociales solía acompañar el voto de los magistrados progresistas.

En una breve nota oficial, la oficina de Kennedy aseguró que el juez adoptó esa determinación por el interés de pasar más tiempo con su familia.

Como juez de la máxima corte del país, Kennedy enfureció a conservadores al votar contra las oraciones religiosas en ceremonias de graduación escolar o en apoyo a la legalización del aborto, pero también irritó a progresistas al defender el actual modelo de financiamiento de las campañas políticas.

La salida de escena de Kennedy deja a Trump la posibilidad de cumplir su promesa de campaña de nombrar para la Suprema Corte jueces de neto corte conservador, convencido de que muchos de los males actuales del país son consecuencia de la presencia de jueces progresistas. Esto en medio del debate migratorio. (I)