El secuestro de niños en EE.UU. y su posterior traslado a México, muchos de ellos relacionados con casos de separación de parejas, es un problema creciente cuya resolución es cara, difícil y usualmente involucra la cooperación de las autoridades de ambos países.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., el problema de niños secuestrados y llevados a México creció de 300 casos en 2008 a 500 en 2010, lo que representa una proporción significativa de los 1.200 casos internacionales que reciben cada año.

Según Maureen Heads, vocera del Centro Nacional para Niños Sustraídos y Explotados (NCMEC), el que uno de los padres lleve al niño o niños a otro país, y lo mantenga allí sin el consentimiento del otro progenitor es considerado un delito federal en EE.UU.

Sin embargo, la naturaleza trasnacional del mismo hace difícil que sea perseguido y complica la reintegración del niño con el padre o madre afectado, quien por lo general experimenta ansiedad y depresión.

Pese a que tanto México y EE.UU. son signatarios de la Convención Contra el Secuestro de La Haya, los retos a resolver siguen siendo mayúsculos.

Scott Renner, jefe de la oficina del Departamento de Estado que atiende los secuestros infantiles hacia México y Canadá, dijo a Efe que los casos son más comunes en la frontera sur debido a la amplitud de la misma, el número de cruces y los fuertes lazos culturales, económicos y familiares, que vuelven más difícil la prevención.

"Durante los últimos años, las autoridades mexicanas han incrementado su cooperación con autoridades de EE.UU. a fin de regresar a los menores a la brevedad posible", reconoció Renner.

Debido a que las autoridades estadounidenses no tienen jurisdicción fuera de sus fronteras, la cooperación que establezcan con fuerzas homónimas en el extranjero es de suma importancia para la resolución de estos casos.

Sin embargo, usualmente el proceso involucra que el progenitor afectado se traslade a México, lo que representa gastos considerables de tiempo y dinero.

Los consulados brindan información sobre el sistema penal mexicano, pero como su política es no intervenir en casos particulares, canalizan las denuncias hacia la Dirección de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de México, y a la oficina de la fiscalía local.

Una vez que el secuestro ha ocurrido, el padre o madre afectado debe contactar a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

La Convención de La Haya provee una alternativa civil, o no penal, indicó Renner, pero los padres tienen la opción de una investigación criminal que permite el arresto del progenitor que huyó.

Aunque estas opciones no ordenan específicamente el regreso del niño, éste normalmente vuelve una vez que se da la aprehensión, mientras que el proceso civil permite el retorno del menor, pero no implica el arresto del secuestrador.

Jesús Rodríguez, fiscal auxiliar de la Fiscalía de San Diego, dijo a Efe que existe un grupo contra la sustracción de menores y que los padres que se enfrenten a esta situación deben proporcionar información como copias de órdenes o peticiones de custodia o de visita, fotografías de los niños y del que los sustrajo, y copias de sus actas de nacimiento.

"Debe también llenar un formulario con preguntas que ayuden a preparar un caso legal, incluyendo posibles antecedentes penales de cualquiera de los padres e información como si son miembros de alguna iglesia que pudiese ayudar a localizar su paradero", además de datos de parientes, amigos o relaciones actuales de esa persona, agregó Rodríguez.

El procedimiento también incluye pedir permiso para colocar los nombres e imágenes de los menores sustraídos en la página de Internet de la fiscalía, si luego de un período de seis meses no han sido localizados.

En caso de que se sospeche que uno de los padres podría sustraer a un menor, el Departamento de Estado recomienda que se registre al niño en el Programa de Alerta para Emisión de Pasaporte, que permite recibir un aviso si el otro progenitor hace preparativos para un viaje internacional.