La Corte de Apelaciones de Nueva York justificó el viernes las razones de su fallo a favor de Argentina para que vuelva a los mercados y pague a los fondos su deuda en default desde 2001, admitiendo sin embargo que los acreedores que no llegaron a un acuerdo podrían "litigar".

El miércoles, un panel de tres magistrados confirmó una orden del juez federal Thomas Griesa del 2 de marzo que levantó bajo condiciones medidas contra Argentina que le impedían pagar a bonistas que entraron en sus canjes de deuda de 2005 y 2010, así como acceder a los mercados financieros internacionales.

La decisión busca facilitar que el gobierno del presidente Mauricio Macri avance en su oferta lanzada en febrero y aceptada ya por el 90% de los demandantes ante la justicia de Nueva York --incluidos los denominados fondos "buitres"--, que no habían aprobado esas reestructuraciones, y para lo cual desembolsará unos 8.250 millones de dólares.

"Ahora que Argentina ha hecho importantes esfuerzos, aparentemente de buena fé, para resolver esta disputa de largo plazo, estamos de acuerdo en que el juez de primera instancia no abusó de su discreción al concluir que las órdenes han servido a sus propósitos", dijo la Corte de Apelaciones en un escrito de 21 páginas.

Respecto de los acreedores que no llegaron a un acuerdo, el panel asegura que la decisión de Griesa no los obliga a aceptar la oferta argentina y que "son libres de seguir negociando sin una orden y pueden dar pasos, incluyendo quizás litigar, para proteger sus derechos".

Por otra parte, y en caso de que Argentina no cumpla con su compromiso de pagar a los demandantes con los que sí ha cerrado acuerdos, Griesa se reserva el derecho de volver aplicar las medidas restrictivas contra el país, recuerda la Corte de Apelaciones.

El ministro de Finanzas argentino, Alfonso Prat-Gay, indicó el miércoles que la emisión de bonos para pagar a los acreedores se haría el lunes próximo.

Los primeros en cobrar deberían ser los fondos NML Capital y Aurelius, a los que Argentina se comprometió a abonar 4.653 millones de dólares el jueves 14 de abril, un plazo que venció pero que ambas partes decidieron prorrogar de manera tácita.

En su orden del 2 de marzo, Griesa exigió como condición que Argentina derogase las leyes que impedían un acuerdo con los fondos querellantes que no entraron en sus canjes de deuda aceptados por 93% de los bonistas, algo que el Congreso de ese país cumplió el 31 de marzo.