En estos tiempos, el narco exitoso no es aquel que tira bombas o derriba helicópteros, “la delincuencia organizada más efectiva es la que no hace ruido”. Es la conclusión de Edgardo Buscaglia, investigador y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia.

Por eso, dice, la supuesta infiltración del cartel de Sinaloa en la Alcaldía de Quito no debería sorprender. “Es un ejemplo de libro de texto de cómo operan los carteles mexicanos”.

Sin referir a la responsabilidad de Mauricio Rodas, para lo cual “se requiere auditar sus cuentas”, Buscaglia resalta que la presunta entrada del narcotraficante mexicano Luis Ignacio Muñoz a la alcaldía quiteña responde a los ya conocidos “patrones de infiltración de la delincuencia organizada”.

Y el que ese hombre, buscado por lavado de dinero, llegue como supuesto asesor, lleva el sello del cartel de Sinaloa, que siempre “opera de manera silenciosa. Capturan el tejido político y empresarial en los municipios y colocan mucho dinero”.

Relata que situaciones idénticas se han visto en municipios mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños. No es extraño que los carteles tengan negocios en giros insospechados, invierten “en sistemas de barrido y limpieza. En guarderías, iglesias y hospitales.

Operan a través de cualquier mecanismo que les permita lavar dinero y esconder el origen delictivo de su dinero haciéndolo aparecer como socialmente deseable. Cuanta mejor imagen tenga el negocio, más socialmente deseable es”.

Una vez que la delincuencia organizada ingresa a un país, advierte, avanza hacia la clase política. El cartel de Sinaloa “pone mucho dinero a campañas de alcaldes, tiene semillero de políticos que van a reemplazar”.

Compleja urdimbre, se hace más oscura al constatar que no necesariamente son mexicanos quienes trabajan para sus carteles en otros países. Organizaciones como estas no trasladan sus propias estructuras, más bien utilizan “franquicias y alianzas estratégicas” con personas y grupos locales.

Anticuerpos

En diálogo con EL TELÉGRAFO, Buscaglia indica que aun siendo rivales en México, los carteles de Tijuana y Sinaloa “hicieron una alianza para establecer bases en Ecuador para la producción de drogas porque son empresarios, compiten en un mercado y hacen alianza en otro”.

El desembarco mexicano es casi inevitable, sus carteles son un pulpo de mil tentáculos que cada vez llega más lejos. “No es que Ecuador sea peor que los demás, sino que estas organizaciones llegan y corrompen en todos los países, sean agentes fronterizos norteamericanos o aduaneros ecuatorianos”.

El riesgo actual es que el crimen transnacional decida instalarse en Ecuador para lo que en las investigaciones de Buscaglia se denomina tráfico primario. Es decir, aquellos lugares donde, sangre de por medio, se trafican productos y servicios ilegales y se hacen los primeros lavados del dinero que finalmente irá a parar a países como Estados Unidos, Canadá, Japón y Alemania.

Buscaglia, académico de renombre internacional, especialista en delincuencia organizada, corrupción y derecho, considera que Ecuador es hoy “un botín tentador” para el crimen transnacional. 

Pero aún puede, dice, desarrollar “anticuerpos” para no caer en una situación compleja como la que viven otros países, medidas para prevenir lo que coloquialmente se nombra como ‘mexicanizarse’. Desglosa entonces tres recomendaciones.

“Las políticas económicas de la administración del presidente Rafael Correa establecieron mayores regulaciones en la entrada y salida de capitales, eso a veces ayuda a que no suceda como en Perú, que entraron cuantiosos capitales legales y criminales que ahora no se van. Pero (también) tiene que haber una ley de extinción de dominio, el Estado tiene que exigirte explicar de dónde sacaste dinero para comprarte un castillo”.

La segunda sugerencia va en sintonía con la postura de diversos expertos: para debilitar al narcotráfico no hay que atacar a los grupos armados sino a sus finanzas. “Le recomendaría a Ecuador que establezca controles patrimoniales mucho más fuertes de los que tiene ahora y auditorías en las campañas electorales, incluso dentro del movimiento político del presidente Correa, porque le pueden infiltrar su campaña, aun cuando él no lo sepa”.

Por último, recomienda subir la apuesta en programas de prevención. “Ecuador ha venido invirtiendo, pero tiene que reforzarse en los ámbitos fronterizos porque es donde está el tejido social más vulnerable y ahí opera la delincuencia organizada”.

México hoy

Desde hace varios años, Buscaglia y otros expertos insisten en que delincuencia organizada es el concepto más cercano a la realidad.

Porque los negocios de estos grupos van más allá del mercado de drogas, incluyen hasta 23 delitos como compra-venta de personas y de recursos naturales, tráfico de migrantes, de armas, antigüedades, artículos arqueológicos y piratería de origen asiático, entre otros.

Explica que los millonarios negocios turbios también abarcan bienes y servicios ‘legales’.

“Es un negocio muy lucrativo. No hay que ver solamente a la cocaína y la marihuana como una caricatura. Por ejemplo, la delincuencia organizada trafica mucha droga legal, farmacéutica, que adulteran o compran y venden vencida. Hay un gran mercado secundario donde cambian cajas y días de vencimiento. Después venden a gente pobre, a quienes no pueden pagar medicinas con patentes”.

En México, señala Buscaglia, la delincuencia organizada existió desde la década de los años veinte, “pero estaba contenida en burbujas territoriales, como en cualquier país con instituciones fuertes”.

El viraje al escenario actual inició con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), un gobierno signado por las privatizaciones y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Desde entonces, “el Estado es un negocio para los hombres de poder. Lo subastaron a grupos legales de cortesanos como lo fue en su momento Slim (Carlos Slim, hoy considerado el hombre más rico del mundo)”.

Privatizaciones, concesiones y negocios en apariencia legales han sido las brechas por donde “cientos de grupos ilegales y oligopolios han capturado al Estado. Tienen pedazos a su control”.

Hagan lo que hagan, resultan intocables, gracias a “un pacto de impunidad política. Muchas empresas sirven para lavar dinero, proveer sistema de transporte, almacenamiento y distribución (de productos ilegales) y a la vez son empresas legales que financian las campañas políticas. Están ahí, reciben subsidios agropecuarios y pagan impuestos”.

El semanario Río Doce denunció públicamente a varias firmas de ese tipo, pero la justicia nunca actuó. México firma convenciones internacionales, pero no las ejecuta.

Según el análisis de Buscaglia, el pacto de impunidad trasciende las fronteras con un componente más económico que político. Ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurren en México, la comunidad internacional se mantiene en silencio cómplice por una única razón: cuidar su propio bolsillo.

“Mientras haya negocios tan cuantiosos con oligopolios que financian las campañas de la canciller alemana Ángela Merkel o del presidente francés (Francois Hollande), la versión de la realidad mexicana que llega a Europa seguirá siendo artificialmente positiva. Por eso toleran cosas que no les tolerarían a Nicolás Maduro o a Cristina Fernández de Kirchner. Si Maduro (en Venezuela) tuviese 26 mil desaparecidos (como en México de 2007 a 2012) estarían hablando de una intervención regional de la OEA, estarían asediando peor de lo que están haciendo ahora. El doble estándar que se ve en el tratamiento de los países se debe a negocios de oligopolios que financian campañas políticas europeas, norteamericanas y canadienses, que prolongan la vida a estas mafias que tienen los gobiernos disfrazadas de poder”.

Abrumador resulta el presente, pero Buscaglia asegura que hay salidas. En su último libro, Vacíos de poder en México (Debate, 2014), propone 26 acciones para sobrevivir a los “golpes de Estado empresariales” y poner fin a la corrupción y la impunidad, en su opinión, génesis de los males.

El balón también está en manos de la sociedad. Puede salir del pozo organizándose como lo hizo el pueblo de Cherán, en el estado de Michoacán, que “se reconstituyó y han bajado los delitos donde ellos tienen el control a través de sus mecanismos de seguridad comunitaria.

En México se van a generar redes de sociedad civil, va a suceder, pero vivimos un momento de regresión autoritaria y eso retrasa el proceso”. (I)