No comprar y no acudir a los trabajos  es la consigna trazada por las organizaciones civiles en Georgia (EE.UU.), entre ellas la comunidad ecuatoriana, para rechazar  que entre en vigor hoy la ley HB87 que busca regular la inmigración.

La convocatoria “Un día sin inmigrantes” a la comunidad latina, conformada por aproximadamente 850.000 hispanos, fue planteada por la  Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (Glahr).

Desde Atlanta, su directora ejecutiva, Adelina Nicholls, explica  que el objetivo de la medida es que,  “a partir de la ausencia, se maneje la presencia de nuestra comunidad” que trabaja especialmente en el área de agricultura, construcción, en la industria procesadora de pollo y en la fabricación de alfombras.

Lo importante, precisa Nicholls, es ejercer presión y hacer sentir el poder de compra que tiene la comunidad latina que gasta al año 10.000 millones de dólares en el estado de Georgia.

La activista confirma que  hay   inquietud entre los latinos y mucha gente  ha solicitado a sus empleados que participen de la convocatoria y en la marcha   que se realizará mañana con el mismo fin. Precisa que  hay  90 negocios que apoyan la marcha.  Entre los que respaldan  la medida se encuentra Pavel Chica, presidente del Comité  Cívico Ecuatoriano, quien asegura a El Telégrafo que los compatriotas, que suman alrededor de 10.000 en Georgia, participarán en la marcha.  “Esta ley es racista y  lesiona gravemente los derechos de todos los latinos, por eso  vamos a marchar”, enfatiza.

Chica resalta que hoy  no van a  consumir en varios centros comerciales y no trabajarán para “que ellos sientan la falta de mano  de obra en la ciudad de Atlanta”. El ecuatoriano calcula que de los 10.000 compatriotas que viven en Georgia, entre el 60 y el  70% no tiene documentos, por lo que la HB87 los perjudica  y tendrán que migrar a  otros  estados, aunque  destaca  también que esto es un problema, porque ya en otros (estados) han aprobado  leyes similiares. “La útima opción será regresar a Ecuador”, acota.  

La   ley migratoria de Georgia   es una de las más duras y polémicas normas estatales sobre esta materia y guarda importantes similitudes con la de Arizona (SB1070), que criminaliza a los indocumentados y cuyos pasajes más controvertidos permanecen  suspendidos temporalmente por una corte federal.

Sin embargo, si bien esta semana un juez ordenó detener la implementación de dos de las provisiones más controvertidas de la medida, los activistas proinmigrantes consideran que el “acoso” a esta comunidad sigue siendo un problema.

El juez bloqueó las secciones que permitían a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no podían proporcionar una identificación válida y una que buscaba penalizar a quienes transportaran o albergaran a inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, aún cuenta con las provisiones que exigen a las empresas con más de 10 trabajadores utilizar el sistema de verificación federal de datos, E-Verify, para revisar el estatus migratorio de quienes contraten, sección que se implementaría a partir del 1 de enero del 2012.

Adelina Nicholls considera que el bloqueo del juez es un  avance, pero no es suficiente para detener el acoso   contra los migrantes en   el Estado. Por tal razón, precisa, el  mensaje va dirigido  para  llamar la atención al presidente estadounidense, Barack Obama,  y su “irresponsabilidad” de  que no se apruebe una  reforma migratoria  en su administración.

Otra de las secciones que no fue desestimada por el juez, y que entraría en vigor hoy, es la que penaliza, con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares, a quienes utilicen   identificación falsa para obtener empleo en el Estado.

Otras organizaciones, como Southern On New Ground (SONG) y We Are Georgia/Somos Georgia, impulsan una iniciativa para crear una red de puntos de compra y zonas de santuario a las que los inmigrantes puedan acudir sin temor a ser arrestados debido a su estatus.

SONG, además, ha hecho un llamado a residentes, organizaciones y empresas de otros estados a boicotear a Georgia, como una medida de presión en contra de la nueva ley migratoria.