El estado ecuatoriano, a través de la Cancillería, realizó un llamado a que la situación hostil en Bolivia cese. La declaración la hizo en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

En el escrito publicado por Cancillería se detalla el rechazo "a todos los actos de violencia, cualquiera sea su origen, que atenten contra la estabilidad y la defensa de la democracia en Bolivia".

Además, se hace un llamado a la paz social, "subrayando que la salida a la crisis debe darse dentro de un marco de total respeto a la Constitución, a las leyes bolivianas y al Estado de Derecho".

El expresidente boliviano, Evo Morales, llegó a México en calidad de asilado, el lunes 13 de noviembre. Foto: EFE

En la declaración, los gobiernos mencionados instan a los actores políticos y los representantes de todos los órganos del estado boliviano para que actúen de acuerdo con su mandato constitucional.

Además, reconocen el trabajo profesional y técnico realizado por los equipos de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Misión de Análisis de Integridad Electoral de la OEA, que analizaron, a invitación del Gobierno de Bolivia, diferentes etapas del proceso electoral llevado a cabo el 20 de octubre de 2019.

Jeanine Áñez fue proclamada como presidenta de Bolivia tras la renuncia de Morales al poder. Foto: EFE

También subrayaron que la Misión de Análisis de Integridad Electoral señaló, en razón de las irregularidades encontradas en el proceso electoral, que no era posible validar los resultados de la elección boliviana, por lo que recomendó la realización de otro proceso electoral, el cual deberá contar con nuevas autoridades electorales y con observadores internacionales, para generar credibilidad en el proceso de transición democrática.

Por último, hicieron un llamado, en ese sentido, para que tras la definición de la Presidencia provisional se dé inicio al proceso de convocatoria a elecciones lo más pronto posible, con garantías expresas de que el proceso electoral sea desarrollado con justicia, libertad, transparencia y respeto a la voluntad soberana del pueblo boliviano. (I)