Un llamado a la unidad de toda la Argentina en pro del bienestar de toda la población, en especial de los más postergados. Esto, en medio de la grave crisis económica que arrastra el país desde 2018.

Este fue el mensaje que transmitió el nuevo presidente, Alberto Fernández, en el discurso que dio ayer ante las autoridades de Estado congregadas en la sesión del Congreso. Ahí tuvo lugar su juramento del cargo y el de la vicepresidenta, Cristina Fernández.

“Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina, en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social que sea fraterno y solidario”, dijo el líder peronista.

Fernández, que sucede en el cargo a Mauricio Macri, enfrenta un complicado escenario económico marcado por la elevada deuda pública, una frágil moneda nacional, la subida constante de los precios y la escalada del desempleo.

La economía es su principal reto. En su discurso, aseveró que su Gobierno tiene la “voluntad” de pagar la “insostenible” deuda pública que deja su antecesor, pero “carece de capacidad de hacerlo”.

“No hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Para poder pagar hay que crecer primero”, indicó.

Relación con el FMI
Fernández aseguró que buscará una “relación constructiva y cooperativa” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2018 aprobó para Argentina un préstamo de $ 56.300 millones y el resto de acreedores. Lamentó que recibe un país “frágil” y “postrado”.

“Resolver el problema de una deuda insostenible no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar pero carece de capacidad de hacerlo”, dijo.

Para el nuevo jefe de Estado, el Gobierno saliente tomó “una inmensa deuda sin generar más producción para obtener los dólares para pagarla” y los acreedores tomaron riesgo en invertir en un modelo que “ha fracasado” en todo el mundo.

Según Fernández, “el Gobierno que termina su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default (cese de pagos)”.

Recordó que esta situación le recuerda al “laberinto” con el que se encontró el país en 2003, cuando asumió como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) y en un momento en el que el país luchaba por salir de la crisis del “corralito” de 2001.

Según datos del régimen saliente, Argentina acumula una deuda pública total de $ 314.315 millones -frente a los $ 240.000 millones de finales de 2015-, de los que casi $ 44.000 millones corresponden al préstamo de $ 56.300 millones del FMI.

“La nación está endeudada”, sentenció, para reprochar que el país es “rehén” de los mercados financieros internacionales y es necesario “sortear ese escenario”.

Para poner a Argentina “de pie”, hay que hacerlo con un “proyecto propio” y no con “recetas que siempre han fracasado”, aseguró. Reiteró que habrá incentivos “para producir y no para especular”.

Para enfrentar los efectos sociales de la crisis -en el primer semestre del año la pobreza afectó al 35,4 % de la población- Fernández desveló que se celebrará una reunión de trabajo por el Plan de Argentina Contra el Hambre, que estará integrada por miembros de su gabinete y de la sociedad civil. Una acción para poner “fin a este presente penoso”.

Entre otras medidas, el presidente anunció que rechazará el debate del presupuesto estatal para 2020 enviado al Congreso por el Gobierno saliente, convencido de que sus números “no reflejan la realidad de la economía, ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda”.

“Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de la deuda haya sido completa y hayamos puesto en práctica medidas para compensar la crisis”, añadió.

Además reivindicó una “Justicia independiente” y reclamó el fin de lo que consideró un sistema judicial que sigue los dictados del “poder”, para lo cual propondrá una reforma del sistema judicial.

“Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”, puntualizó. (I)