Erick Jiménez, de 37 años, cae de rodillas al ver a su madre después de 17 años. “Eres el mejor regalo, mi hijo cachetón”, señaló su progenitora, Ana María Zavala, mientras tocaba sus mejillas.

En mayo de 2018 una organización de derechos humanos logró que 300 familias de inmigrantes ilegales se reunieran con sus parientes cinco minutos en la frontera entre Chihuahua y Texas. Sin embargo, tras las nuevas medidas del presidente Donald Trump, esta posibilidad puede terminar.

El mandatario estadounidense el viernes 15 de febrero declaró una emergencia nacional para obtener fondos y ampliar el muro de la frontera sur. “Hablamos de una invasión de nuestro país con drogas, con narcotraficantes, con todo tipo de criminales y de pandillas”, lo que supone una “emergencia nacional”, defendió Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

No obstante, y para eludir al Congreso, minutos antes firmó una amplia ley de gastos, para evitar otro cierre parcial del gobierno.

La nueva ley garantiza que no habrá otro cierre del gobierno hasta octubre, pero ahora la atención se dirige a la declaratoria de emergencia nacional de Trump y lo que sucederá en los próximos días.

Tras cinco semanas del cierre parcial de gobierno, con 800.000 empleados federales sin recibir su salario, el jueves el Congreso terminó con el trámite legislativo del proyecto de presupuesto. No obstante, limitó los fondos a la cuarta parte de lo que Trump solicitó.

La emergencia nacional

La declaración otorga temporalmente al presidente de Estados Unidos un poder especial para enfrentar una crisis. Sin embargo, Trump deberá argumentar que la llegada de inmigrantes indocumentados y la entrada de drogas por la frontera con México requieren medidas urgentes y extraordinarias.

Según la ley actual, los poderes de emergencia caducarán en un año a menos que el presidente los renueve. Además, una emergencia nacional se puede declarar indefinidamente y en la práctica esto sucede con frecuencia.

En la historia estadounidense se pronunciaron 58 decretos en virtud de la Ley de Emergencias Nacionales, 31 siguen vigentes.

De acuerdo con el diario The Washington Post, la declaratoria de emergencia nacional genera un choque constitucional y se esperan varias demandas.

“Este es un presidente que muestra su desdén por el estado de derecho y nuestra Constitución de Estados Unidos”, denunció el fiscal general de California, Xavier Becerra.

El fiscal, que hizo un llamado de unión a otros Estados, argumentó que Trump violó la separación de poderes en la Constitución.

En contraparte el representante Mark Meadows (RN.C.), aliado de Trump, defendió los planes del presidente y dijo que el Congreso falló en la seguridad de la frontera.

Los fondos

El jefe interino de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, anunció su intención de recaudar $ 8.000 millones para el muro ($6.600 millones de la declaración de emergencia, que se sumarían a $ 1.375 millones aprobados por el Congreso).

Según la agencia de noticias EFE, la administración transferiría $ 6.000 millones del Pentágono ($ 2.500 millones de su partida a la lucha contra el narcotráfico y $ 3.500 millones del presupuesto para construcción de instalaciones militares) y los $ 600 millones procederían del fondo de confiscaciones por drogas del Tesoro.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, recordó que “el presidente Trump... también tomará otras medidas ejecutivas, incluida una emergencia nacional”.

Es decir, Trump puede poner en riesgo fondos asignados a jurisdicciones devastadas por desastres naturales recientes, como Puerto Rico. (I)