Washington.-

Vanessa Rodríguez nació al sur de la frontera de Estados Unidos. La joven mexicana ha vivido 12 de sus 18 años en Texas y durante ese tiempo no ha conocido otro hogar. Su padre trabaja en la construcción y su madre es mucama, oficios con ingresos limitados. Por eso, la llegada del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés), en 2012, significó para ella una oportunidad de seguir con sus estudios universitarios, obtener un empleo y seguridad temporal de no ser deportada.

Hace unos meses terminó el primer semestre en la Universidad de Texas en Austin y, siendo estudiante de tiempo completo con 2 empleos de medio tiempo, logró obtener un promedio sobresaliente. “El DACA hizo que estos logros sean posibles y ha sido la diferencia entre simplemente existir y vivir un sueño”, comentó en una entrevista con el diario The New York Times.

Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca alteró la vida de la joven inmigrante, ahora el temor a ser deportada es su bocado de cada día. “Con la nueva administración, el miedo es más evidente. La incertidumbre y la ansiedad son reales. Mi pregunta es para el Congreso: ¿Cuándo desencadenarán mis sueños?, cuestiona.

Los temores de Vanessa no son infundados. El gobierno estadounidense ayer decidió poner fin al DACA, lo que afectará seriamente el futuro de 800.000 jóvenes. “El programa conocido como DACA, que fue establecido bajo la administración de Barack Obama, está siendo rescindido”, declaró desde la Casa Blanca el fiscal general, Jeff Sessions.

“Este es inconstitucional”, añadió Sessions y recordó que el presidente Trump estaba haciendo lo que prometió en campaña.

Con esta decisión, la administración se protege de la amenaza que hizo en junio un grupo fiscales de estados conservadores y opuestos a DACA, encabezados por Texas y el gobernador de Idaho, que prometieron demandar al gobierno si no eliminaba el programa.

Sessions explicó que el Departamento de Seguridad Nacional irá desmantelando DACA durante 6 meses, hasta el 5 de marzo de 2018. En ese plazo el congreso y la Casa Blanca trabajarían en un proyecto alternativo.

El programa fue establecido en 2012 por el presidente Barack Obama, por medio de una acción ejecutiva con el fin de proteger contra la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad y para que estos puedan estudiar o trabajar y quieren pagar impuestos y regularizarse allá.

Obama creó el decreto luego de que el Congreso no aprobó una norma sobre los inmigrantes ilegales llegados de niños, la Ley DREAM, acrónimo en inglés de “Fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros”. De ahí que se conozca como Dreamers (soñadores) a estos inmigrantes sin documentos, de los cuales cerca de 800.000 se acogieron al DACA, según cifras oficiales.

Tras el anuncio de Sessions, Trump hizo público un comunicado en el que defendió su actuación y enfatizó que la pelota está ahora en el tejado del Congreso: “Resolveremos la cuestión del DACA con corazón y compasión, pero a través del proceso democrático lícito, mientras que al mismo tiempo aseguraremos que cualquier reforma migratoria que adoptemos provea beneficios duraderos para los ciudadanos estadounidenses por los que fuimos elegidos para servir. ¡Es hora de que el Congreso actúe!”.

No parecen haber surtido efecto las presiones de pesos pesados del partido republicano, incluidos el senador John McCain y otras voces que han señalado la obligación moral de Estados Unidos de proveer una solución a los Dreamers. Tampoco las de los CEOs de importantes empresas estadounidenses de la talla de Facebook o Apple, que han pedido a Trump que no rescindiera DACA y advirtieron al presidente de las consecuencias económicas y humanas de una decisión así.

Autoridades de Nueva York y Washington anunciaron que están dispuestos a demandar al gobierno.

Jóvenes Dreamers y activistas se concentraron ayer tanto frente al Hotel Trump en Washington DC como en la Torre Trump de Manhattan gritando consignas contra el gobernante. En Nueva York se reportaron detenidos durante la protesta.

“Es injusto que de la noche a la mañana se nos vaya a arrebatar el sueño de nuestras manos”, dijo Jessica Colotl, que le puso cara a los Dreamers en 2010 por conducir sin licencia y quedar al borde de la deportación. Esta joven mexicana de 29 años, que vive en Estados Unidos desde los 11, anticipó la pelea de los Dreamers por permanecer legalmente en el país. (I)

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Hasta octubre se aceptarán las renovaciones

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que desde hoy ya no aceptaría nuevas solicitudes para Acciones Diferidas por Llegadas de la Niñez (DACA), que ha proporcionado permisos renovables de 2 años de trabajo a los jóvenes migrantes.  

La agencia explicó que los inscritos en DACA podrán continuar trabajando hasta que sus permisos expiren; aquellos cuyos permisos expiren el 5 de marzo de 2018 podrán solicitar la renovación de dos años siempre que lo hagan antes del 5 de octubre.

Las nuevas solicitudes y solicitudes de renovación ya recibidas antes del 5 de septiembre serán revisadas y validadas caso por caso, incluso las que expiran después del 5 de marzo, dijeron funcionarios.

Quedan cancelados los permisos de viaje (advance parole), pero los Dreamers que ya cuentan con uno aprobado antes de este martes podrán retener los beneficios hasta que expire ‘de forma general’. Sin embargo, su admisión en Estados Unidos estará sujeta a la discreción de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo.

Funcionarios de Seguridad dijeron que el servicio de inmigración (USCIS) no tiene planes de compartir los datos personales (direcciones, por ejemplo) con las autoridades del cumplimiento de las leyes de inmigración (ICE), excepto en caso de amenaza a la seguridad nacional. También aseguran que los Dreamers no serán prioridad de deportación cuando sus permisos de trabajo expiren. (I)