El responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que el país no logrará plenamente la paz si no cesa la violencia contra los líderes sociales y los excombatientes.

Ruiz Massieu dio la declaración en el reciente informe de la Misión ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Puso como ejemplo el anuncio de la fuerza pública sobre el frustrado atentado contra el líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, planeado por disidencias de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ese episodio, añadió Massieu, puso de manifiesto los riesgos que corren los exmiembros del grupo insurgente y el proceso de paz.

La Misión señala que 2019 fue el año más violento para los excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. Según el informe, 77 exguerrilleros fueron asesinados en 2019, 65 en 2018 y 31 en 2017.

En primera línea de defensa contra esas amenazas de seguridad está la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad creada por el Acuerdo de Paz que tiene como misión proteger a los exmiembros de la guerrilla.

La subdirección agrupa a casi 1.200 escoltas, más de 700 de ellos excombatientes, encargados de la protección de los miembros del hoy partido FARC que han recibido amenazas. La subdirección recibe sus lineamientos de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, conformada por cinco representantes del Gobierno y cinco de FARC.

Fabio Borges, delegado de FARC ante la Mesa Técnica, explica que la entidad enfrentó toda clase de dificultades para entrenar a los escoltas que estipulaba el Acuerdo de Paz y, ahora que lo logró, se da cuenta de que no son suficientes para la creciente demanda.

Pide al Gobierno que ponga en marcha estrategias integrales de seguridad, pues proteger a los más de 13.000 excombatientes con un modelo de escoltas es imposible.

“El modelo de protección a través de la UNP está colapsado. El Estado quiere descansar el tema de la protección de la gente en unos escoltas a su alrededor, mientras no combate las causas”, advirtió Borges.

Se necesitan cerca de 180 personas más para completar los esquemas que ya están implementados.

A la falta de escoltas se suma la desfinanciación de la UNP que, según Borges, ya llega a 200.000 millones de pesos colombianos (unos $ 60 millones). “La UNP sola no va a resolver el problema”, dice el excombatiente, refiriéndose a las amenazas contra líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y exmiembros de FARC.

La desestigmatización de la guerrilla es otra necesidad apremiante.

El delegado está convencido de que la única forma de hacer realidad la protección hacia los excombatientes es poner en marcha todos los capítulos del Acuerdo.

“En la medida que se retrasa la reincorporación, las disidencias se fortalecen”, concluyó Borges. (I)