Yanina Martínez,  atleta con capacidades especiales que logró el oro en Río 2016, es una de las afectadas por el recorte realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. El presidente Mauricio Macri la felicitó por su logro internacional, pero la dejó en febrero sin los beneficios que le corresponden por ley, solo porque recibe un patrocinio de 4 mil pesos ($ 250).

Martínez, quien sufre parálisis y retraso cerebral grave desde su nacimiento, se colgó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos por su excelente performance en los 100 metros llanos, convirtiéndose en una deportista apta para poder firmar un contrato de patrocinador.

“Le cortaron la pensión -de $ 290- porque Yani tiene un patrocinador de 4.000 pesos ($ 250) con el cual tiene un contrato por un año. Al dinero del sponsor lo repartimos y queda menos que la pensión. Yani no tiene casa ni nada”, relató a Página12, Claudia Chávez, la madre de Yanina, quien explicó que el primer patrocinador se ofreció a apoyar la carrera de la atleta, tras los resultados de Brasil.

La madre denunció que no es la primera vez que tiene un inconveniente relacionado con el certificado de discapacidad, porque cuando intentó renovarlo, un secretario la llamó para decirle que la iban a cambiar de categoría porque ella “era la campeona”. “Nos dijeron que no tiene anormalidades en la marcha porque corre”, explicó  y agregó: “Que a ella le haya cambiado la vida el deporte no quita que no tenga una patología de nacimiento”.

Al inicio de año, Macri se propuso no superar el 4,2% de déficit fiscal para 2017 y para ello limita todo lo que puede el gasto público. Aunque el mandatario prometió no tocar la ayuda a los más pobres, el Ministerio de Desarrollo Social eliminó desde enero -y sin previo aviso- 70.000 pensiones por invalidez de $ 290, que sumadas a las 90.000 que dio de baja durante el año pasado eleva a 160.000 el número de personas que perdieron el beneficio del Estado. El diario El Clarín elevó la cifra a 170.000.

Ante las críticas opositoras, en momentos en que Argentina inicia la campaña electoral por las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno aclaró que no se trató de un recorte por falta de recursos sino “producto de irregularidades detectadas en revisiones de rutina”. De acuerdo al diario español El País, el Ejecutivo denunció así que solo puso límites a decenas de miles de pensiones otorgadas a personas que supuestamente nos las necesitaban.

El decreto que utilizó Macri

Macri utilizó el decreto 432/97, que fue promulgado por el entonces presidente Carlos Menem (1997), para recortar abruptamente las pensiones y dejar fuera a personas que no alcancen el 76% de discapacidad, tengan pareja, automóvil o reciban algún beneficio previsional.

Gabriel de Vedia, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social de Argentina (Ufises), rechazó la suspensión de las pensiones de discapacidad aseguró que la baja atenta contra los derechos económicos, sociales y culturales.

“No es ni un subsidio ni una dádiva, ni una limosna, ni una caridad, es un derecho”, recordó el fiscal general, quien aseguró que la decisión afecta directamente a personas que están en condición de “vulnerabilidad estructural”.

El Gobierno dio marcha atrás

La ministra de la cartera, Carolina Stanley, defendió la medida del Gobierno. Sin embargo, los recursos de amparo presentados en la Justicia, sumados al rechazo de la oposición (desde el kirchnerismo, el massismo y la izquierda), las asociaciones defensa de los derechos de personas con capacidades diferentes, la Defensoría de Pueblo de Nación y hasta del Arzobispado de Buenos Aires sumado a una foto del Papa Francisco con un discapacitado  publicada en Twitter, obligaron a la Casa Rosada a dar marcha atrás en la medida.

Una reunión clave para esta decisión fue la que mantuvo ayer Stanley con Pablo Molero, responsable de la Comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. Luego de que los cientos de personas con capacidades diferentes y sus familiares realizaran junto a él una protesta frente a la Casa Rosada.

En Argentina hay cerca de 5 millones de personas con capacidades diferentes, solo un millón cobra la pensión. (I)

DATOS

Durante una audiencia general, el Papa recibió a varios jóvenes con problemas físicos y publicó en su Instagram una imagen al lado de un discapacitado con un texto: “Transmitamos a los demás el amor de Dios, para que se encienda en todos una esperanza nueva”.

Pablo Molero, responsable de la comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, acudió a donde Carolina Stanley, quien prometió la automática restitución de las pensiones a partir de la semana que viene.

El uso del decreto 423 de 1997, (que había caído en desuso desde la adhesión de Argentina en 2014 a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad) fue la excusa para que el ministerio eliminara, sin notificación previa, la ayuda. (I)