EUROPA PRESS. La ministra de Educación de Perú, Patricia Correa, y su homólogo de Cultura, Jair Pérez, presentaron este viernes 16 de diciembre de 2022 su renuncia al cargo como respuesta a la muerte de manifestantes civiles. Esto, en el marco de las protestas violentas en favor del expresidente Pedro Castillo.

"Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas", dijo Correa.

Asimismo, en su perfil de Twitter -donde compartió el escrito-- la ya exministra de Educación aseveró que "la muerte de connacionales no tiene justificación alguna" y recriminó a las fuerzas del Estado el uso de la violencia "desproporcionada y generadora de muerte".

Minutos más tarde, Pérez hizo lo propio y publicó un breve comunicado en el que daba a conocer su renuncia al cargo debido a que "los lamentables sucesos acontecidos en el país" hacen "insostenible" su continuidad al frente de la cartera de Cultura.

Tanto Pérez como Correa aprovecharon sus respectivos comunicados para agradecer la confianza que la presidenta del país, Dina Boluarte, depositó en ellos hace apenas una semana cuando les tomó juramento.

Las autoridades peruanas elevaron a 20 el balance de ciudadanos muertos en el marco de las protestas en apoyo a Castillo y a consecuencia de las que el Gobierno decretó esta semana el estado de emergencia a escala nacional, durante 30 días.

Simpatizantes del expresidente salieron a la calle ya desde la semana pasada en protesta por su destitución y detención por haber tratado de disolver el Parlamento y declarar un Gobierno de excepción. Los manifestantes exigen a Boluarte la convocatoria de nuevas elecciones generales.

El Congreso de Perú rechaza el adelanto electoral propuesto por la presidenta Boluarte

El Congreso de la República de Perú rechazó este viernes la reforma constitucional para el adelanto de elecciones presidenciales para abril de 2024. La propuesta nació de la jefa de Estado, Dina Boluarte.

La reforma constitucional formulada apuntaba al adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023, y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario hasta el 30 de abril de 2022.

La medida alcanzó el apoyo de 49 congresistas, mientras que otros 33 manifestaron su rechazo y 25 más se abstuvieron. Quedaron muy lejos de las cifras requeridas para sacar adelante una reforma constitucional, recoge la emisora RPP.