El 31 de agosto pasado, Brasil sufrió un quiebre institucional producto de un proceso de destitución al que fue sometida Dilma Rousseff, presidenta elegida, cuya culpabilidad es cada vez más puesta en duda, sobre todo porque su juicio político se pareció más a la pérdida de mayoría parlamentaria o a un golpe parlamentario, que a un proceso.

Si le preguntan a un brasileño en la calle, dirá que no sabe el motivo por el cual Dilma fue sacada del poder. Tal vez diga que está involucrada en la Operación Lava Jato. Pero no. Nunca fue citada, ni siquiera mencionada por delincuentes confesos ni por delatores.

Rousseff, tras ser traicionada por su vicepresidente, Michel Temer, quien llevó a su Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), a abandonar la coalición victoriosa en 2014, fue acusada de “pedaleadas fiscales”.

Estas pedaleadas fiscales son atrasos en la transferencia de dinero del Tesoro a los bancos públicos encargados de programas sociales, como el de apoyo a los agricultores. Por esto fue destituida Rousseff. Incluso un fiscal, Iván Marx, archivó el caso en la justicia ordinaria porque no había delito.

Pero como Temer abandonó a Rousseff y se pasó a la oposición, logró que tres cuartas partes del Congreso, la misma cantidad de los que están bajo sospecha en la Operación Lava Jato y en las delaciones de los corruptores de la empresa Odebrecht, tomaran el poder de Brasil y destituyeran a la mandataria. Los especialistas independientes fueron claros: en caso de que hubiera delito a la ley fiscal por el atraso en las obligaciones del presupuesto, esto no es un delito de responsabilidad.

Rousseff fue suspendida el 12 de mayo pasado del cargo y destituida el 31 de agosto.

El senador Romero Jucá, mano derecha de Temer y presidente del PMDB, dijo en un audio que la caída de Rousseff era porque se tenía “que parar la sangría”.

“Necesitamos de un acuerdo con todos, incluida la Suprema Corte, para poner a Michel Temer en el poder”.

La delación del fin del siglo

Odebrecht delató que le pagó campañas al Partido de los Trabajadores (PT) mediante pagos a su publicista, Joao Santana, en cuentas en el exterior. Pero a diferencia de Temer y el socialdemócrata Aécio Neves, ningún delator de Odebrecht dijo que Rousseff le pidió dinero para el partido o para ella.

Recientemente el empresario Marcelo Odebrecht, preso a órdenes del juez Sergio Moro en Curitiba, narró que en 2007, durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno dictó una resolución para el sector petroquímico que benefició a la empresa Braskem, del grupo Odebrecht. “No hubo pedido de soborno”, dijo sobre esta ley.

Pero el empresario reconoció ante la justicia electoral que hizo donaciones ilegales a la caja de recaudación de la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer en 2014, lo cual puede perjudicar la continuidad del actual mandatario, quien en persona le pidió dinero para su partido al empresario brasileño.

Temer aparece fragilizado en los últimos días porque ejecutivos de Odebrecht y hasta su mejor amigo, el abogado José Yunes, señalaron que hubo sobornos para el PMDB. Se sospecha que los $ 3 millones pedidos por Temer a Odebrecht fueron para pagarles a 140 diputados para que aprobaran el juicio político contra Rousseff.

La corrupción puede costarle el cargo al presidente Michel Temer.

La narrativa, arropada por los grandes medios de prensa, está cada vez más frágil, producto de la cual el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del PT y quien fue blanco de acusaciones y está procesado bajo la sombra de la persecución, es el favorito en las encuestas para 2018.   

Nuevo canciller

Temer, en medio de la peor recesión de la historia brasileña -PIB cayó 3,6% en 2016-, puso en funciones como canciller en un acto protocolar a un investigado por corrupción en el Supremo Tribunal Federal, Aloysio Nunes Ferrerira, senador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Nunes es investigado porque fue acusado de recibir dinero no contabilizado para su campaña a senador en 2010 por parte de Ricardo Pessoa, dueño de la constructora UTC.

Nunes fue el candidato a vicepresidente de Aécio Neves, derrotado por la fórmula Dilma-Temer. El grupo Odebrecht denunció que Neves le pidió $ 3 millones en 2014 para apoyar la fórmula presidencial.

Considerado por analistas como un “pitbull antibolivariano”, Nunes reemplaza a José Serra, también del PSDB y citado por los delatores de Odebrecht como destinatario de dinero ilegal para campaña.

Nunes acusó a Venezuela de una “escalada autoritaria” y defendió las “instituciones sólidas” de Brasil. Entre sus prioridades están buscar mercados para los productos brasileños y darle “nueva vida” al Mercosur, bloque en el cual está suspendido Venezuela. (I)

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Odebrecht pagó $ 3.390 millones en sobornos y gastos de campañas

En siete años, Odebrecht destinó $ 3.390 millones para pagar sobornos y gastos de campañas políticas tanto en Brasil como en el exterior, confesó un exejecutivo de la empresa brasileña de ingeniería que es uno de los ejes de la Operación Lava Jato.

La revelación la hizo Hilberto Mascarenas, jefe del sector de sobornos que había montado Odebrecht, quien detalló que la empresa brasileña ejecutó ese presupuesto destinado a la ilegalidad entre 2007 y 2014.

En una declaración ante la justicia electoral, que investiga las cuentas de campaña de 2015, contó que hizo pagos a campañas electorales de República Dominicana, Panamá, Venezuela, Angola y El Salvador, en las que estuvo involucrado Joao Santana, publicista del Partido de los Trabajadores (PT), condenado por lavado de dinero.

De los $ 3.390 millones, el 20% ($ 680 millones) se destinó a Brasil. El delator Mascarenas no nombró a Ecuador en su testimonio. También ratificó que Odebrecht financió el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente Michel Temer.

El delator de Odebrecht, que llevaba la contabilidad clandestina de los pagos ilícitos y sobornos a funcionarios en 12 países, indicó que en 2014, cuando surgió la Operación Lava Jato, cambió su “oficina” a República Dominicana para intentar desviar las investigaciones. (I)