Brasil ingresó en un espiral de tensión política con la aproximación del veredicto final sobre la destitución de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff.

El Partido de los Trabajadores (PT) denunció un ‘golpe de Estado’ en Brasil y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) una decisión urgente para frenar el juicio político contra Rousseff.

La mandataria suspendida sufrió en la madrugada de ayer una dura derrota en el Senado, que dio curso a su juicio político por 59 votos contra 21 y la puso en el umbral de la destitución en una votación prevista para fin de mes, con lo cual se consolida el poder del nuevo gobierno derechista del vicepresidente Michel Temer, quien traicionó a su compañera de fórmula.

Con pocas chances de revertir el resultado en la votación sobre el destino de Rousseff a fin de mes, diputados del PT y del aliado Partido Democrático Laborista (PDT) jugaron la carta internacional al denunciar un “golpe” contra la mandataria suspendida desde el 12 de mayo al argumentar que el Superior Tribunal Federal de Brasil no acogió todo el derecho de defensa posible contra una jefa de Estado.

“Estamos viviendo un golpe de Estado con la participación de la Cámara de Diputados, el Senado y la omisión del Poder Judicial y es por eso que buscamos auxilio institucional en la Comisión Interamericana”, dijo Waldir Damous, diputado del PT y reconocido jurista, al lado de sus pares Paulo Pimenta y Paulo Teixeira.

De acuerdo a la presentación realizada por los diputados del Partido de los Trabajadores, el Supremo Tribunal Federal “se apartó de sus mandatos” para acoger los recursos de Rousseff sobre los vicios del proceso.

Uno de los argumentos es que no se respetaron las garantías de defensa ni fue tomada en cuenta para la acusación la opinión de especialistas y autoridades que no vieron delitos de Rousseff en la ley fiscal, por la readecuación presupuestaria realizada en 2015.

“Dilma no cometió delitos, no es investigada en ningún tribunal del país. El juicio político ocurrió por una venganza, en un claro caso de obstrucción de la justicia”, dijo el diputado Teixeira, en una conferencia de prensa en la Cámara Baja.

La denuncia incluye el desvío de finalidad como argumento: es que en diciembre Eduardo Cunha, entonces jefe de Diputados, abrió la denuncia contra Rousseff, a pedido del partido socialdemócrata, hoy socio de Temer, porque el gobierno se negó a protegerlo de las investigaciones por corrupción en la red de constructoras y empresas estatales como Petrobras. Rousseff está acusada de maniobras de “pedaleo fiscal”, consideradas habituales en todas las gestiones, a través de la morosidad para cumplir con la banca pública y emitir decretos que alteraban los gastos, con el objetivo de honrar obligaciones sociales sin afectar la meta fiscal anual.

Janaína Paschoal, abogada contratada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del canciller interino José Serra, aliado de Temer, para escribir la acusación, opinó que el PT “está exponiendo al país de manera irresponsable ante el mundo con sus denuncias”. (I)

DATOS

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es acusada por la oposición de “maquillar” las cuentas públicas de 2014 y 2015, y de “cargar” a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno.

Su defensa presentó ayer los alegatos ante el Senado y mediante un escrito Dilma ratificó su voluntad de seguir luchando por la democracia.

Rousseff expresó que es una farsa para sacarla del poder por medio de un golpe parlamentario, situación que pondría en riesgo a Brasil, porque un gobierno sin voto (interino) no se respeta.

Las sesiones finales del Senado están previstas para el 29 de agosto, después de los Juegos Olímpicos de Río 2016. (I)