El hecho de que se tenga que revisar el 60% de los paquetes electorales en México indica que los comicios del 7 de junio estuvieron marcados por malas prácticas, afirma hoy el diario La Jornada.

El editorial de ese rotativo asegura que proceder a un nuevo recuento de esa magnitud es indicativo de "desaseos partidistas y actitud omisa de las autoridades electorales", las cuales no actuaron frente a violaciones flagrantes a la legislación correspondiente

Asimismo, la amplia porción de casillas con impugnaciones e inconformidades deja entrever la mala preparación organizativa y las fallas en la capacitación del personal y de los ciudadanos que estuvieron a cargo de los centros de votación, acota el texto.

La Jornada cita a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), según el cual el recuento obedece a lo cerrado de la votación en algunos distritos del país y la propia complejidad de la implementación del nuevo modelo electoral, entre otras causas.

Cabe felicitarse de que la legislación vigente incorpore diversas causales para acceder a un conteo parcial o total de los sufragios y elimine la ambigüedad que hizo posible que las autoridades electorales se negaran a realizar un ejercicio similar tras los desaseados comicios presidenciales de 2006, apunta La Jornada.

Más adelante recuerda que esa negativa tuvo un costo enorme para el país en términos de deterioro institucional y pérdida de credibilidad en los mecanismos electorales, dado el estrecho margen de votos entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Añade que también incidió el cúmulo de intromisiones indebidas de diversos actores, las inconsistencias existentes en las actas de escrutinio y demás elementos que hacían del recuento total de los sufragios una medida de obvia sensatez y necesidad.

No debe pasarse por alto que el recuento de votos es un mecanismo concebido para resolver dudas, irregularidades y conflictos postelectorales que tendrían que ser la excepción, no la regla, enfatiza.

Concluye el editorial que aunque el recuento anunciado es una buena noticia, su amplitud presenta un diagnóstico preocupante de la vida política del país y exhibe que la institucionalidad electoral es incapaz aún de organizar y arbitrar procesos comiciales que se desarrollen y finalicen sin quedar bajo sospecha de los ciudadanos. (I)