El Salvador dio un nuevo paso en la lucha contra la corrupción con la detención este domingo del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y de otros funcionarios activos y retirados, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Saca, de 51 años, que llegó al poder en 2004 con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue detenido en un exclusivo restaurante donde se celebraba la boda de uno de sus hijos, junto al expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) César Funes (46), y el exsecretario de comunicaciones de la presidencia Julio Rank (65).

Elmer Charlaix, exsecretario privado de Saca, se presentó este domingo a la policía. "Vengo a hacerle frente a las acusaciones que me están haciendo", dijo ante un grupo numeroso de periodistas.

Los otros detenidos son Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Artega y Jorge Alberto Harrera, que estuvieron vinculados al gobierno del exmandatario y que actualmente son funcionarios en la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Según la FGR, Gómez es el actual contador del secretario privado de la Presidencia mientras que Herrera se desempeña como Tesorero institucional de la Casa presidencial y Rodríguez Arteaga es el jefe de la Unidad Financiera.

Saca, Charlaix y Rodríguez son acusados de "peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero", mientras que a Rank y Funes se les acusa de "agrupaciones ilícitas y caso especial de lavado de dinero", indicó la FGR.

Herrera, en tanto, es acusado de "peculado y agrupaciones ilícitas", agregó.

Todos permanecen detenidos en las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN), en el sector este de San Salvador.

Tres expresidentes 

La FGR procedió en contra de Saca y su séquito, luego que la Corte Suprema de Justicia ordenó enjuiciar por "enriquecimiento ilícito" al exsecretario Elmer Charlaix, debido a presunta malversación de fondos públicos.

Asimismo, Saca ya estaba siendo procesado desde principios del año por presunto enriquecimiento ilícito de poco más de 4 millones de dólares, al igual que su sucesor Mauricio Funes (2009-2014), por 728.000 dólares.

Ante las investigaciones, Funes (del FMLN) optó en septiembre pasado en pedir asilo político en Nicaragua argumentando que corría "peligro su vida e integridad física y la de su familia".

El 6 de septiembre el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, le concedió el asilo.

El propio Funes fue quien comenzó con las denuncias de corrupción contra los gobernantes, tras asumir el primer gobierno de izquierda en 2013, cuando pidió investigar al expresidente Francisco Flores (1999-2004), fallecido en enero pasado.

Flores afrontaba un juicio por peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, por una presunta apropiación de 15 millones de dólares donados por Taiwán para damnificados de los terremotos de 2001.

 Justicia de verdad 

"Estamos ante la posibilidad de sentar un nuevo precedente, modestamente me anima la posibilidad que se haga justicia de verdad", declaró a la AFP el profesor universitario y analista Roberto Cañas.

Cañas advirtió que desde la capturas al desarrollo de los procesos judiciales hay una "gran distancia" y una vez más el sistema de justicia "tiene el ineludible compromiso de responder a las expectativas del pueblo".

"Los dineros del pueblo, sobre todo en un país pobre como el nuestro, son sagrados. Si los robaron que los reintegren y que tengan un castigo ejemplar", reflexionó Cañas.

Por su lado, el analista Juan Ramón Medrano estimó que las investigaciones llegan en parte por la presión de Estados Unidos, que pide progresos en materia de seguridad y combate a la corrupción para liberar 750 millones de dólares en el marco de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

"Que bueno que la presión internacional y de Estados Unidos funciona para limpiar al país de presuntos actos de corrupción, pero la presión debe ir también para los que evaden y eluden los impuestos y que tienen ahogado en materia fiscal al país", declaró Medrano.

El Código Penal salvadoreño, dependiendo del monto de lo malversado, establece penas entre 12 y 15 años de cárcel por peculado, por agrupaciones ilícitas de 3 a 5 años, mientras que para lavado de dinero determina de 5 a 15 años de prisión. (I)