No son solo los 30 pesos del alza del pasaje del metro de Santiago -medida que ya fue derogada- lo que erosionó la protesta social en Chile, sino la creciente desigualdad, plantean diversos actores del país.

Según reveló la última edición del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos ($ 423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos ($ 562) al mes. Con este salario, los manifestantes alegan que un alza en el pasaje del metro es inconcebible. Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio (800 pesos, lo que equivale a $ 1,2).

María Luisa Méndez, académica de la Universidad Católica e investigadora principal de Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), explicó al diario chileno La Tercera que el trabajo de PNUD muestra las bases históricas de la desigualdad.

“Muestra que hay una configuración histórica estructural que involucra distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y uno legal que le da forma a esta distribución desigual de ingresos y de representación política”, mencionó la académica.

Sergio Bitar, ministro con Salvador Allende, cree que esta protesta “va a cambiar la política chilena de aquí en adelante”. Reclama primeramente la instauración del orden público y en segundo lugar un proceso que desemboque en un pacto social que contribuya a reducir “las enormes desigualdades y a frenar el deterioro de los servicios básicos como la educación, la seguridad ciudadana y la sanidad”.

Bitar destaca los avances hacia la gratuidad de la Educación Superior, pero asegura que “solo un tercio tiene acceso a ella porque tiene un costo muy alto”.

El tema de la desigualdad  también es reiterado en organizaciones de trabajo social y ha sido abordado en documentos de la Conferencia Episcopal.

“Es urgente dar respuesta al clamor de los más necesitados. Sin justificar la violencia, que no conduce a soluciones, recibimos la voz de una ciudadanía cansada, que se siente desprotegida”, expresó el provincial de la Compañía de Jesús, Gabriel Roblero en una carta abierta publicada en los medios locales.

En este contexto fue revelador escuchar un audio difundido el domingo en que la primera dama, Cecilia Morel, conversa con una amiga a quien le menciona que la situación por la que atraviesa el país era casi como una “invasión alienígena”.

 Morel termina pidiéndole a su amiga: “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racio… racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.

Los diálogos y protestas
Durante la tarde de ayer se realizó la reunión del presidente Sebastián Piñera con presidentes de los partidos políticos, siendo de la oposición solo el PPD, la DC y el Partido Radical los que aceptaron la invitación del mandatario a acudir a La Moneda. El objetivo era conversar respecto de posibles acciones políticas que ayuden a calmar las movilizaciones nacionales. El resto de los partidos de la oposición se negaron a asistir mientras continúen los militares en la calle.

El líder del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que comentaron con el mandatario que debe poner fin al Estado de Emergencia y al toque de queda, y que debe escuchar a la gente respecto del cambio social que requiere el país. Además, aseguró que le manifestó que debe hacer un cambio de gabinete.

En tanto, miles de personas volvieron a salir a la calle ayer, por quinto día consecutivo, para protestar contra el Gobierno en medio de los estados de emergencia y los nuevos toques de queda ya decretados en varias zonas del país.

La cifra de víctimas mortales subió de 11 a 15. Entre los fallecidos se confirmó que hay dos ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano.

Desde que comenzó el estallido social se han detenido a 2.643 personas. (I)