Hace dos semanas, 50 sindicatos de Colombia convocaron a una huelga general en rechazo a lo que llaman el “paquetazo”, en referencia a una serie de medidas planteadas por el Gobierno. Otros gremios se sumaron a la medida y el jueves 21 de noviembre de 2019 se espera una paralización multisectorial que pondrán a prueba la gestión del presidente Iván Duque.

Las demandas pasan por el rechazo a las reformas pensional, tributaria, al alza de tarifas de energía eléctrica. También condenan los asesinatos de líderes sociales y el bombardeo del Ejército en el que murieron ocho menores.

El gobierno de Duque, que carece de mayorías legislativas, mantiene abiertos múltiples frentes de fricción social, con temores ante la posibilidad de desmanes.

El Ejecutivo defiende que no hay ningún texto definido frente a los temas económicos. Sin embargo, las organizaciones argumentan que los voceros dejaron en claro que apuntan a la flexibilización laboral y a debilitar al organismo estatal que gestiona las pensiones y jubilaciones, en favor de fondos privados.

“La protesta social pacífica es un derecho de los colombianos y es un deber del Estado, de los gobernantes locales, garantizar el ejercicio de la protesta pacífica”, especificó el presidente el fin de semana en su programa de tv: Conéctate con Duque.

No obstante, el mandatario colombiano agregó: “pero también es un deber de todos rechazar, censurar, acusar y sancionar ejemplarmente a quienes pretenden apelar a la violencia, al vandalismo, para atentar contra los derechos de los colombianos”.

En los últimos meses, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia entraron en fuertes crisis políticas marcadas por protestas callejeras. “A pesar de tener causas y efectos distintos, varios sectores interpretaron que se trataba de un movimiento telúrico que recorría la región para tumbar a los gobiernos”, indica el editorial del diario El Tiempo.

En el plano económico, Colombia tiene un crecimiento del 3,3% del PIB en el tercer trimestre, pero la tasa de desempleo se mantiene en dos dígitos. Además, el Gobierno debe pasar por el Congreso la resistida reforma tributaria con la que ya contaba después de que la Corte Constitucional hizo caer la legislación original, un terreno fértil para un descontento que se refleja con manifestaciones en las calles.

El Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, atribuyó la movilización a “la estrategia del Foro de Sao Paulo, que intenta desestabilizar las democracias de América Latina, secundado por opositores cuyo propósito ha sido bloquear” al debilitado Ejecutivo de Duque.

De ahí que en opinión de la colectividad gobernante había que ponerles un dique a los agentes foráneos que vendrían a hacer desórdenes. “Pedimos a las autoridades competentes la judicialización de los incitadores a la violencia y en el caso de extranjeros que estos sean llevados a la cárcel o deportados”, exigió Uribe.

Esta narrativa caló en muchos de sus seguidores. No solo por la fe que tienen en su palabra sino que en un principio fueron los mismos argumentos usados por los presidentes Lenín Moreno, de Ecuador; y Sebastián Piñera, de Chile, al tratar de explicar las violentas protestas.

Cierre de fronteras

Las autoridades tomaron una serie de medidas que incluyen el cierre de las fronteras, y la presencia de militares en Bogotá ya despertó críticas.

La medida rige desde la medianoche de este martes 19 y se reabrirán a las 17:00 del viernes 22 de noviembre, en 12 puestos de control migratorio y pasos fronterizos con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.

“Si se prolonga (el paro), todo está previsto”, sentenció la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez. En contexto, Duque, que llegó al poder en agosto de 2018 con el apoyo decidido de los empresarios, debió enfrentar una creciente movilización social.

Los candidatos del Centro Democrático perdieron en las principales ciudades en las elecciones locales y regionales de octubre.
La desaprobación de Duque alcanza el 69% en las encuestas más recientes. (I)