Minutos después de ser deportado de Estados Unidos, un mexicano se suicidó arrojándose de un puente a escasos metros de la línea fronteriza. Las autoridades de México informaron que encontraron su cadáver junto a la bolsa plástica donde llevaba sus pertenencias.

Se trata de Guadalupe Olivas Valencia, de 44 años y nativo del violento estado de Sinaloa. El martes, el gobierno estadounidense de Donald Trump anunció nuevas directivas que expanden el alcance de las deportaciones de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, la mayoría es de mexicanos.

La medida fue rechazada por los organismos internacionales y medios de comunicación. Uno de ellos es el diario The Washington Post que puntualiza en su editorial que las directrices constituyen un acto de “crueldad” contra las comunidades de inmigrantes.

“El documento envía un mensaje de miedo a muchas comunidades de inmigrantes en EE.UU., no solo a los  ilegales, sino a sus esposas, a sus niños y a otros parientes viviendo legalmente. Las políticas de la administración Trump dividirán a las familias y perjudicarán a las personas que viven vidas pacíficas”, remata el periódico.

El martes, el gobierno de Trump publicó un par de memorandos firmados por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly. En ellos establecen las nuevas políticas en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que permiten contratar a 15.000 nuevos agentes y  crear nuevos centros de detención para los mismos, acelerar las audiencias de deportación y faculta a los oficiales de policía estatales y locales para que funjan como agentes migratorios.

Aunque el DHS negó que sus nuevas directrices resulten en redadas, la Casa Blanca estima que al menos un millón de inmigrantes indocumentados podrían ser deportados del país bajo las reglas actualizadas. Por su parte, el diario español El País indicó que la cifra podría superar los 3 millones de ilegales.

La tensión en las calles

“Uno se siente ahora más perseguido e inseguro”, detalla el hondureño José Eduardo Paz, de 38 años. “Antes podía volar con mi pasaporte a Miami a ver a mi hermano. Tenía un trabajo en Las Vegas los fines de semana y el lunes a las 7 de la mañana volvía a estar aquí -Los Ángeles-”. Desde que empezaron las redadas, “ya no me atrevo a ir por si hay check points a la entrada de California. Esto me quita libertad”.

El País señala que las leyes de inmigración en sí no han cambiado, lo que ha cambiado es cómo se aplican. “Barack Obama -expresidente- deportó a mucha gente -3 millones-, pero no fue tan abusivo”, resume Paz. “Con Obama tenías que cometer un error. Ahora te pueden deportar por cualquier cosa. Por ejemplo, una madre de 3 hijos estadounidenses en Arizona fue deportada el pasado 9 de febrero cuando su único antecedente era trabajar con un número de Seguridad Social falso. Ni siquiera pasó por el juzgado”.

El DHS amplió la lista cuya detención y deportación serán prioritarias. La misma incluirá a indocumentados acusados de cualquier delito que no haya sido resuelto; los que hayan cometido actos que constituyen un delito que puede ser encausado penalmente; quienes hayan cometido fraude contra el gobierno federal o hayan abusado de programas federales de asistencia pública. Asimismo a los padres de los menores no acompañados que entran ilegalmente en el país si se descubre que han pagado a contrabandistas. (I)

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Amnistía arremete contra discurso de odio

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, puso en práctica una retórica del odio con la que da la espalda a refugiados y migrantes, convertidos en chivos expiatorios, denunció Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, ayer, la organización señaló que 2016 fue un año en el que “el uso cínico” de esa retórica adquirió prominencia global a una escala nunca vista desde 1930.

“Las decisiones que está tomando Trump, ya sea la construcción de un muro en la frontera con México o la aceleración de la  expulsión de inmigrantes ilegales, van a tener repercusiones sobre millones de personas”, alertó Geneviève Garrigos, responsable de la región Américas.

Además de Trump, Amnistía arremetió contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte, el turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que “tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas”.

En su informe, que abarca 159 países, alertó sobre la inquietante situación de los refugiados centroamericanos que huyen de la violencia “implacable” en sus países y que son “frecuentemente olvidados”.

En 2016, estas personas fueron víctimas de expulsiones desde México y EE.UU., a pesar de los abrumadores indicios de que muchos regresaban a situaciones de peligro mortal, señaló AI.

En Brasil, el organismo criticó las políticas de seguridad pública puestas en marcha por el gobierno conservador de Michel Temer, que el año pasado reemplazó a la izquierdista Dilma Rousseff, destituida por el Congreso. (I)