El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vuelve a debatirse por octavo año consecutivo en la Cámara Baja del Parlamento argentino.

Una marea de pañuelos verdes, símbolo de la lucha feminista en favor del proyecto de ley, salió ayer a las calles para la presentación del proyecto, con respaldo de 15 legisladores.

Desde las 15:30 se efectuaron diferentes acciones simultáneas en más de 100 ciudades del país. La movilización tuvo como su epicentro la plaza del Congreso argentino, de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Quienes abogan por legalizar el aborto en Argentina sufrieron su último revés en 2018, cuando el proyecto obtuvo una histórica aprobación en la Cámara Baja de Diputados, pero fue rechazado en el Senado.

“La nueva presentación no es solamente volver con la ofensiva por el reclamo del derecho al aborto, sino presionar en el armado de listas de los partidos y lograr que todo candidato y candidata se pronuncie”, explica Victoria Tesoriero, dirigente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Las organizaciones feministas creen ver en la renovación de 24 de las 72 bancas del Senado, prevista en las elecciones de octubre, una oportunidad para remover posiciones conservadoras. También se renovará la mitad de la Cámara Baja.

Según la ley que rige desde 1921, el aborto es permitido cuando peligra la vida de la mujer y cuando es producto de una violación, sin precisar las semanas de gestación.

No obstante, muchos médicos y algunos gobiernos provinciales se resisten a aplicar la ley. Este año se reportaron casos de niñas, de 11 años, obligadas a continuar con el embarazo.

Un informe del privado Centro de Estudios de Población (Cedes), basado en proyecciones estadísticas, estimó que en Argentina se practican 450.000 abortos clandestinos cada año que dejan un centenar de mujeres muertas.

Mariela Bielski-, directora de Amnistía Internacional Argentina, remarcó que corresponde al “Estado saldar su deuda y brindar acceso a servicios de aborto sin restricciones indebidas, sin discriminación y sin castigo”. (I)