“Todo a su debido tiempo”, afirmó el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ante miles de simpatizantes al rechazar categóricamente las demandas de la oposición de unas elecciones anticipadas: “Las elecciones se llevarán a cabo como lo dicta la ley”, añadió el gobernante quien termina su mandato en 2021.

Desde mediados de abril, el país centroamericano está sacudido por violentas protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Las manifestaciones en las calles generalmente terminan en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que se evidenció el viernes pasado en las manifestaciones realizadas en diversas ciudades en favor y en contra del gobierno, que terminaron con cuatro policías y un civil muertos en el municipio Morrito, en el sureste del país.

Ese día Ortega participó en una caravana de sus seguidores desde Managua a la rebelde ciudad de Masaya (sur), para contrarrestar un paro laboral de la oposición que, con negocios cerrados y calles medio vacías, exige su salida del poder.

“El paro es un arma para presionar al gobierno a que renuncie, porque a esta situación no se le ve fin. Los pobres somos los que estamos muriendo”, dijo Adolfo Díaz, limpiabotas de 67 años, en el solitario mercado Huembes, en Managua.

Según activistas de derechos humanos, las víctimas suman hasta ahora 351 muertos y 1.800 heridos.

El detonante de las protestas en el país centroamericano, de 6,4 millones de habitantes, fue una reforma al seguro de pensiones recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta preveía un aumento en los pagos de pensiones para los trabajadores y, a la vez, una reducción de las pensiones en el segundo país más pobre de Latinoamérica.

Presionado por las protestas, Ortega dio marcha atrás en la reforma; pese a ello no pudo contener las manifestaciones. La frustración acumulada durante años por la crisis económica y el estilo de gobierno cada vez más autoritario de la pareja presidencial, hicieron que la gente permaneciera en las calles.

Sabine Kurtenbach, directora interina del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos en Hamburgo, evalúa críticamente la intención de Ortega, que dirige el país desde 2007. “El conflicto continuará escalando. Una de las demandas centrales de la oposición es que él y su esposa se retiren, lo que significa que las nuevas elecciones habrían sido una opción para salvar las apariencias. Así, la gente continuará protestando y saliendo a las calles”. Obviamente, Ortega no espera que las protestas le cuesten su puesto de manera inmediata, afirma Kurtenbach.

Pero las perspectivas de la oposición de convocar  nuevas elecciones, a más tardar para 2019, no son buenas, a pesar del apoyo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tanto la Comisión Inte-  ramericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), responsabilizaron al gobierno de Ortega por graves violaciones a los Derechos Humanos.

La CIDH señaló “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población joven del país”, lo que el gobierno de Nicaragua rechaza.

Países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) quieren presentar un proyecto de resolución para apoyar la reanudación del diálogo nacional en Nicaragua con el fin de resolver la crisis en este país.

La propuesta llegó después de que el secretario general de la organización, Luis Almagro, insistiera en el pedido de elecciones anticipadas y condenara la violencia.

Los países que buscan presentar este proyecto de resolución son Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos.

La embajadora de Argentina ante la OEA, Paula Bertol, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización, con sede en Washington, explicó que el proyecto pide la reanudación del diálogo nacional y la apertura del Gobierno de Nicaragua para cooperar con la CIDH.

También establece el envío de invitaciones al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al secretario general de la OEA, y a la Unión Europea (UE) para que “acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad”.

El texto condena enérgicamente los actos de violencia y los abusos de los derechos humanos, así como los ataques del pasado día 9 de junio contra el clero de Diriamba y el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional, “como un intento de intimidar a quienes procuran una solución pacífica y democrática en Nicaragua”.

En ese sentido, el proyecto de resolución urge al Ejecutivo del presiente Ortega y a todas las partes a participar en el diálogo nacional, “como mecanismo para generar soluciones pacíficas”.

Estados Unidos también presiona. Legisladores de este país aprobaron el jueves pasado una resolución bipartidista condenando la violenta represión del gobierno de Daniel Ortega.

El texto, adoptado por unanimidad por el subcomité de asuntos del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes, debe ser considerado por el comité de Relaciones Exteriores y pasar al pleno de la cámara baja.

“Esta resolución condena la violencia del régimen de Ortega, apoya al pueblo nicaragüense en su búsqueda de la democracia y pide más sanciones de Estados Unidos”, dijo el presidente del subcomité, el republicano Paul Cook, tras la votación.

Washington sancionó la semana pasada a tres funcionarios nicaragüenses cercanos a Ortega acogiéndose a la Ley Magnitsky, que permite a Estados Unidos castigar a quienes hayan cometido abusos de derechos humanos o actos de corrupción en otros países.

El motivo: corrupción y violación de los derechos humanos. A mediados de junio, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, acusó a Ortega de causar la violencia. “Hay que frenar los crímenes del Gobierno”, exigió.

“Especialmente en Nicaragua, las intervenciones estadounidenses tienen una tradición: desde la ocupación de principios del siglo XX hasta el financiamiento de los contras en la década de 1980. En este contexto, una intervención de Estados Unidos solo ayudaría a Ortega”. Así, “es difícil imaginarse al gobierno de Donald Trump como un negociador honesto”, opina Kurtenbach. (I)