Asunción.-

La defensa de los  campesinos detenidos por la matanza en la localidad de Curuguaty que causó la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay anunció ayer que pedirá la recusación del fiscal de la causa, Jalil Rachid.

Los detenidos se encuentran privados de su libertad en la cárcel de Coronel Oviedo, ubicada en el vecino departamento de Caaguazú, y ocho de ellos cumplieron ayer 25 días en huelga de hambre, en reclamo de su libertad inmediata por falta de pruebas en la investigación.

En rueda de prensa, los abogados de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc) indicaron que concretarán su petición en una a dos semanas, basándose en la “amistad manifiesta” de la familia de Rachid con la del supuesto dueño de las tierras donde ocurrió la matanza.

Seis policías y once campesinos fallecieron el 16 de junio en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de “sin tierras” en una finca de Curuguaty (nordeste) cuya propiedad se disputaban el Estado y el empresario recientemente fallecido Blas N. Riquelme. Tanto Riquelme como el padre del fiscal, Bader Rachid, fueron presidentes del Partido Colorado.

La masacre de Curuguaty motivó el juicio político que destituyó al entonces presidente Fernando Lugo, una medida considerada por naciones vecinas como un “golpe parlamentario”, ya que el proceso no respetó los plazos para la debida defensa y la acusación carecía de pruebas.

La Peicc ha asumido la defensa de una docena de los 15 campesinos detenidos por los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal.

Según el fiscal, el presunto instigador del tiroteo fue el líder campesino Rubén Villalba, detenido el 27 de septiembre y cuya defensa también ha quedado en manos del equipo de abogados de la Peicc.

En su informe final tras la investigación, Rachid concluyó que los campesinos comenzaron el tiroteo con sus escopetas y descartó versiones que él mismo había manejado tras la matanza, de la intervención de tiradores de armas automáticas.

El letrado español Aitor Martínez, que asesora al equipo jurídico paraguayo de la Peicc, condenó que la actuación “unidireccional” de Rachid pretenda solo “criminalizar a los campesinos”. “Se cree un abogado querellante y no el fiscal de la causa (...) No investiga quién mató a los campesinos”, objetó.

El equipo defensor presentó varias denuncias ante el fiscal para que investigara la presunta comisión de delitos como omisión de auxilio, detención arbitraria, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las que posiblemente incurrieron los organismos de seguridad durante el desalojo, pero las querellas han sido desestimadas.

Canciller pide a Venezuela aclarar la supresión de visas

Paraguay pedirá a Venezuela una aclaración sobre si la supresión temporal de visas afecta solo a diplomáticos o se extiende a los ciudadanos en general, anunció ayer el canciller, José Félix Fernández.

El Gobierno venezolano comunicó el jueves la cancelación provisoria del acuerdo bilateral de supresión de visas. Inmediatamente, la administración paraguaya del mandatario Federico Franco dispuso hacer lo mismo en reciprocidad.

El hecho formó parte de la ruptura de las relaciones diplomáticas desde que Paraguay, el 4 de julio, declaró persona no grata al entonces embajador venezolano, José Arrué.

Posteriormente, Paraguay retiró a su embajador en Caracas, Augusto Ocampos. Venezuela ordenó el martes la expulsión de los últimos cuatro diplomáticos paraguayos y les dio plazo hasta ayer para que abandonarán el país.