El jurista y miembro del comité, Fernando Mariño, dijo que los delegados cubanos que participaron en la sesión en la que se examinó el caso de su país "se han comprometido a arreglar una visita" del actual relator, aunque no precisaron en qué fecha.

Si esto se concreta, "habría un órgano internacional independiente y competente que podría desplazarse a todos los lugares donde hay detenidos e informaría de manera autónoma sobre lo que allí ocurre", destacó.

Para Cuba significaría demostrar "que no tiene miedo político a someterse a un control por organismos exteriores".

Por otra parte, el Comité sobre la Tortura manifestó en su informe de hoy preocupación por las continuas denuncias de detenciones arbitrarias por breves periodos en Cuba, que se practicarían en contra de opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes.

Cuba ha negado que se haya producido un aumento de ese tipo de arrestos sin orden judicial.

"Se trata de detener a una persona por 24 o 48 horas, luego se le libera, pero sin que haya habido ningún control judicial, ni siquiera de la Fiscalía. Esto es una forma de acoso político rápido", explicó Mariño.

Contrariamente a lo que afirma el Gobierno de La Habana, Mariño dijo que "parece que esto (las detenciones breves) se han generalizado últimamente".

En otro pasaje de su evaluación, el grupo de expertos de la ONU denuncia también el uso de "figuras penales ambiguas", entre las que citó la de "peligrosidad social pre-delictiva".

De esa manera, justifica "restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento presuntamente cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y miembros de los Órganos de Seguridad del Estado".

Asimismo, menciona con inquietud las informaciones que dan cuenta de que continúan produciéndose actos de repudio frente a las viviendas de miembros de las llamadas "Damas de Blanco" y de la Unión Patriótica de Cuba.

El comité lamenta "la reticencia" del Estado a presentar información completa sobre los incidentes y "sobre las medidas tomadas para evitar este tipo de acciones coordinadas en las que se advierte la presunta connivencia entre los hostigadores y la autoridad policial", señala el informe.

Igualmente menciona la "falta de datos desglosados sobre denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas de casos de tortura y malos tratos, así como de casos de muertes en custodia".

En este ámbito, Cuba aseguró durante la sesión que el comité le indicó que en ninguno de los casos de muerte en detención ocurridos durante el periodo analizado se estableció la responsabilidad de las fuerzas a cargo de la custodia y que ninguna autopsia evidenció signos de violencia corporal.

En respuesta a esa posición, el comité señala que Cuba no proporcionó información estadística sobre las causas de esas muertes.

Menciona que, según la "escasa información" que ha recibido, entre 2010 y 2011 se registraron 202 fallecimientos en el sistema penitenciario, una cifra que considera "elevada".