El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tendrá que pasar cuatro meses de prisión preventiva por orden de un tribunal tras su detención bajo la acusación de inflamar la crisis política que asoló Bolivia en 2019.

El gobernador ha sido trasladado esta madrugada (hora local) al penal de Chonchocoro donde cumplirá los cuatro meses de detención dictados por el juez Sergio Pacheco, informa 'El Diario', mientras el Comité Cívico, un poderoso conglomerado cívico-empresarial, ha dado comienzo a la "huelga" de 24 horas en protesta por la detención.

El ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, ha asegurado que el de Camacho ha sido un ejemplo de seguimiento del debido proceso legal, antes de confirmar que ya ha rechazado uno de los dos recursos presentados por los abogados del expresidente del Comité Cívico santacruceño.

En este sentido, el ministro ha confirmado que la defensa de Camacho ha presentado dos recursos de libertad, uno en la ciudad de La Paz, ya rechazado, y otro en Santa Cruz, bajo los mismos argumentos, y que está siendo considerado todavía por el tribunal.

Frente a las acusaciones de secuestro vertidas por el abogado del gobernador, Martín Camacho, el ministro de Justicia ha asegurado que el excívico fue detenido en cumplimiento a una orden fiscal tras rechazase a comparecer en este caso en "reiteradas" oportunidades.

"La Fiscalía puede activar la aprehensión de cualquier ciudadano que se niegue a prestar su declaración", ha asegurado antes de recordar que el proceso denominado Golpe de Estado I, cuando Evo Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia por las presiones de parte de las Fuerzas Armadas y las sospechas de unas elecciones irregulares, comenzó hace dos años y tanto Camacho como su defensa tenían conocimiento del caso.

"Ni la orden de aprehensión, ni la actuación de la Policía, ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas en el ámbito del debido proceso, con argumentos jurídicos", ha añadido el titular en rueda de prensa recogida por 'El Deber', antes de resaltar que la aplicación de las normas es la misma para todos los bolivianos, porque "no hay ciudadanos de primera y de segunda".