Después de numerosas idas y vueltas, la policía argentina finalmente ayer allanó los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga millonarios sobornos pagados por empresarios a exfuncionarios de su gobierno (2007-2015) para hacerse de obra pública.  

Las irrupciones se realizaron por orden del juez Claudio Bonadio tras el visto bueno dado el miércoles por la noche por el Senado con el apoyo de la propia exmandataria y actual senadora nacional y del peronismo en su conjunto. El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Federal y Gendarmería con escáneres y perros adiestrados que olfatean dólares, euros y pesos. 

El primer turno fue para el departamento del tradicional barrio de Recoleta, en Buenos Aires, residencia habitual de la exjefa de Estado. Más tarde se trasladó a la ciudad de Río Gallegos, en la patagónica provincia de Santa Cruz.

Hoy está previsto continuar la irrupción hacia El Calafate, donde vivió gran parte de su vida tras casarse con el fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

 Los allanamientos pudieron practicarse después de que senadores del peronismo (divididos en varias ramas, entre ellas el “kirchnerismo”) decidieron dar quórum a una sesión convocada para tratar el tema y tras una multitudinaria marcha ante el Congreso el martes por la noche para exigir a la cámara baja que autorizara la medida judicial y levantara los fueros de la exmandataria.

Cristina, como la conocen todos, se hallaba en el domicilio de su hija Florencia cuando comenzó el operativo. 

La puerta del apartamento de Recoleta fue abierta por su abogado, Carlos Beraldi, a quien la policía, acompañada por dos testigos, le pidió inmediatamente que se retirara por orden del juez.

 “Me obligaron a retirarme. Estamos frente a una farsa que se lleva en clara violación de los principios del estado de derecho. Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento. No me dieron ninguna explicación. Es un acto de arbitrariedad del juez. Aquí no se quiere hacer ninguna inspección, se quiere hacer una farsa”, sostuvo el letrado. Afuera del edificio se produjeron intercambios de palabras subidas de tono entre seguidores y detractores de la exmandataria.

Pero no fue la única polémica. En la sesión del Senado que dio vía libre al procedimiento ordenado por el magistrado, la expresidenta volvió a denunciar una “persecución” en su contra y advirtió que este fenómeno va más allá de las fronteras. 

 “Esta instrumentación de la presión del poder judicial que se da también en Brasil y Ecuador es regional”, sintetizó al aludir a los casos de los expresidentes Lula da Silva y Rafael Correa, dos antiguos aliados de su gestión.

¿Qué se indaga?
El juez Bonadío impulsa la causa iniciada por los llamados “cuadernos de la corrupción” que llevaba meticulosamente Óscar Centeno.

El exchofer del Ministerio de Planificación registró a lo largo de 10 años nombres, lugares y montos de las supuestas coimas pagadas por poderosos empresarios a exfuncionarios de Cristina Kirchner, a quien Bonadio considera la “jefa” de una “asociación ilícita”.

 Según la denuncia, los sobornos eran pagados por los hombres de negocios para conseguir obra pública. El dinero recaudado, dicen los arrepentidos, era  para financiar las campañas del “kirchnerismo”.

Entre los involucrados figura Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. En total hay 14 exfuncionarios y hombres de negocios detenidos, 13 imputados “arrepentidos” y 17 indagados, con la expresidenta.

   “¿Ustedes creen que la patria contratista y que la cartelización de la obra pública comenzó en mayo de 2003?” con la asunción de Néstor Kirchner. “¿En serio? Estamos en la Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco (que montó su imperio con obra pública durante la dictadura, ndr). El primo de Ángelo Calcaterra y el hermano del alma de Nicky Caputo (empresario amigo del presidente que exteriorizó $26,5 millones en el último blanqueo según el diario Página/12, ndr)”, se preguntó la expresidenta.

Pero ¿qué buscó Bonadio en las viviendas de Cristina? La idea del juez era corroborar declaraciones de varios testigos sobre los espacios físicos de las dos casas de Santa Cruz y del departamento de Recoleta, en especial “posibles lugares de almacenamiento” como bóvedas o falsas estructuras.

El juez quiere confirmar datos aportados por “arrepentidos” que dijeron ver las entregas de bolsos con dinero producto de la corrupción en esas propiedades. Para Cristina Kirchner todo esto es “un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares”. (I)