¿Crisis migratoria o crimen de lesa humanidad?

Esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se presentó un informe sobre los impactos de las políticas de administración de fronteras de la Unión Europea en el goce de los derechos humanos de los migrantes. El  Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos de los migrantes condenó en dicho documento las políticas migratorias restrictivas y ‘securitistas’ que han adoptado los países europeos, y les exhorta a tomar medidas para desarrollar una nueva política migratoria que privilegie el respeto a los derechos humanos. Este informe no puede ser más oportuno cuando el mundo presencia con horror la crisis humanitaria que viven los migrantes en el Mar Mediterráneo, y que tiene su origen en la falta de canales regulares para que las personas que buscan huir de la pobreza, de los desastres naturales y de los conflictos armados puedan buscar en tierras europeas una mejor vida. En consecuencia, deben recurrir a vías clandestinas para migrar, usar medios de transporte precarios y acudir a redes de tráfico de personas, poniendo en riesgo su integridad personal y su vida. Solo en 2014, alrededor de 3.000 migrantes perecieron en el Mediterráneo, buscando franquear las restricciones y medidas de seguridad europeas.

Este tema mantiene a la Unión Europea dividida. El peso de implementar las barreras a la migración, de vigilar las fronteras, de ejecutar operaciones de salvamento de migrantes en crisis; y, de recibir a aquellos que logran cruzar las fronteras, recae mayormente en tres países: España, Grecia e Italia. Por ello cada vez más son frecuentes las desavenencias entre estos países, que fungen como frontera externa, y los países del norte de la Unión, que muestran poca solidaridad con sus propios socios comunitarios. Esto solo ha complicado los ya tensos debates por la crisis financiera que vive Europa. En este contexto, los ministros del Interior de Francia e Italia no lograron hace pocos días llegar a un acuerdo sobre la libre circulación de refugiados reconocidos por el Gobierno italiano, lo que llevó al insólito cierre de las fronteras francesas, poniendo en entre dicho el mismo Acuerdo Schengen. El Reino Unido, por su parte, ha expresado su frontal desacuerdo con el sistema de cuotas propuesto por Bruselas para acoger a 60.000 solicitantes de refugio y aliviar así la carga en los demás socios.

Las políticas de migración de la Unión Europea no solo que causan innecesarios sufrimientos a los migrantes y atentan contra los derechos humanos, sino que, además, no han detenido los ingresos masivos de migrantes en su territorio. Basta comparar las tendencias de la inmigración regular, que han disminuido sostenidamente en los últimos años, con la tendencia creciente de migrantes irregulares que ingresan por vías clandestinas. La realidad es que, mientras existan incentivos económicos para migrar hacia la Unión Europea, sustentados en la necesidad del mercado laboral europeo de contar con la incorporación de trabajo calificado y no calificado; y, mientras existan factores de expulsión en varias regiones del mundo en desarrollo, a causa de los efectos del cambio climático, de pobreza crónica y de conflictos armados, la visión ‘securitista’ de las políticas migratorias europeas va a seguir fracasando y fomentando el uso de canales de migración irregular y de redes de tráfico de personas.

La historia de las migraciones muestra que los flujos de personas son una constante en la evolución de la humanidad, y que esta, cuando se hace libre y reguladamente, es positiva para los países. Los migrantes aportan al desarrollo y al incremento de la riqueza económica, social y cultural de las naciones, lo que repercute en el surgimiento de sociedades más creativas e innovadoras, más tolerantes y democráticas. Por ello el Ecuador reivindica el derecho a la libre movilidad y a la ciudadanía universal, bandera y huella de la Revolución Ciudadana. La Unión Europea tiene el reto de repensar sus políticas migratorias de acuerdo a la realidad actual. (O)