La criminalización del aborto es la principal asignatura pendiente de Brasil en sus políticas de combate frente a la discriminación de las mujeres y es objeto de debate a partir de este lunes en la sede europea de la ONU en Ginebra.

La 51 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dependiente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, estudia durante esta semana la situación en Brasil, que defenderá sus políticas el próximo viernes.

La atención está puesta principalmente en el tratamiento de la interrupción del embarazo, una práctica que en Brasil es delito y que sólo se autoriza en los casos de aborto sentimental (cuando el embarazo es consecuencia de una violación) y de aborto terapéutico (cuando no hay otro medio de salvar la vida de la madre).

El informe de los expertos independientes del Comité que sirve de punto de partida al debate destaca que "teniendo en cuenta los riesgos y consecuencias del aborto inseguro y sus complicaciones, se trata de un grave problema de salud pública que afecta principalmente a las mujeres jóvenes del país".

La legislación brasileña penaliza el aborto con condenas de entre uno y tres años de cárcel para la gestante y de uno a cuatro años para el médico, y el Parlamento ha estudiado recientemente iniciativas partidarias de endurecer estas penas.

En este contexto, según denuncian ONG de defensa de los derechos de las mujeres, los abortos practicados en condiciones sanitarias deficientes son la cuarta causa de fallecimiento de las mujeres brasileñas, con una incidencia tres veces superior en el caso de las mujeres negras y de las mujeres con bajo nivel educativo.

En una ciudad en la que la población negra es mayoría, como Salvador, desde la década de 1990 el aborto es la primera causa de mortalidad maternal y en la ciudad de Sao Paulo se trata de la tercera causa de mortalidad durante la gestación y el parto.

Un total de 12 ONG destacaron en un informe "las estadísticas alarmantes" que indican que en Brasil se practican un millón de abortos anuales y se registran 250.000 hospitalizaciones a causa de sus complicaciones, por lo que la interrupción del embarazo representa un evidente "problema de salud pública".

De acuerdo con datos del Gobierno brasileño correspondientes a 2008, se estima que 21 de cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años se someten a un aborto y que del millón de intervenciones para interrumpir el embarazo solo 3.230 fueron abortos legales.

La ONG denuncian que las muertes y secuelas derivadas de estas prácticas fuera del circuito hospitalario reglado no reciben la atención debida del Estado y de la sociedad, pese a las evidencias estadísticas de que una de cada siete mujeres de entre 18 y 39 años ha abortado en al menos una ocasión a lo largo de su vida.

Critican asimismo que no sea legal abortar en casos de anencefalia (una de las anomalías del tubo neural más comunes), algo que afecta particularmente a mujeres de escasos recursos y que lleva a muchas madres a recurrir a la vía judicial, ocurriendo a menudo que el permiso se concede cuando la mujer ya ha dado a luz.

Otros dos elementos concitan la inquietud del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer en el caso de Brasil, el tráfico de mujeres y niñas, y la doble discriminación de las mujeres negras, por el hecho de ser mujer y de formar parte de la comunidad étnica con peores condiciones de vida en el país.

Sobre el tráfico de mujeres y niñas, la Asociación "Contra El Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATW LAC)" admite que se han dado pasos desde el Gobierno para hacer frente al problema, pero se advierte de que sigue habiendo un importante vacío en la aplicación de la ley y en la asistencia a las víctimas.

Según un informe del Departamento estadounidense de Estado, pese a que Brasil tiene uno de los problemas más graves del mundo de trata de personas dentro de su territorio, en 2010 no se procesó a nadie por este delito y si hubo condenas por prostitución forzada se conmutaron por sentencias de servicios a la comunidad.

En cuanto a las mujeres de raza negra, se recuerda que están entre los sectores con mayor índice de pobreza e indigencia de Brasil, con menor índice de escolaridad y con un índice de analfabetismo tres veces superior al de las mujeres blancas.

Se trata principalmente de trabajadoras del sector informal, sin acceso a la seguridad social, que viven en lugares insalubres y son responsables por mantener y cuidar del grupo familiar.