Un alto comisionado de la ONU instó el lunes a los jueces de Argentina a respetar "los estándares internacionales" en casos de delitos de lesa humanidad, sumándose a la condena general que generó un fallo de la Corte Suprema que beneficia a exrepresores de la dictadura (1976-83).

El miércoles pasado el Tribunal Supremo dictaminó por 3 votos a favor y 2 en contra beneficiar con una reducción de pena a un represor condenado por secuestro y tortura de opositores durante la dictadura.

El fallo reabrió heridas y avivó temores de que sirva de precedente para liberar a violadores de derechos humanos. La oposición y el oficialismo impulsaron desde el fin de semana acciones para frenar mediante ley o juicio político el polémico fallo.

"Los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional", dijo Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).

La Acnudh recordó en un comunicado divulgado en Santiago, que "el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional", agregó el texto.

Más heridas que reconciliación 

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, uno de los hombres más cercanos al mandatario Mauricio Macri, afirmó que "la ley del 2x1 fue nefasta" para el país.

El fallo del Supremo "reabre más heridas que lo que pueda reconciliar", dijo el lunes Pinedo al proponer un proyecto de ley que excluya de todo beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Organismos de derechos humanos alertaron que el fallo abre las puertas para que soliciten el mismo beneficio cientos de condenados y otros tantos que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad. Además varios referentes políticos ven la mano del gobierno detrás del fallo.

En medio del fuerte rechazo social, las reconocidas organizaciones humanitarias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron para el miércoles una marcha de repudio.

Estas veteranas activistas impulsaron un pedido de juicio político contra los tres magistrados que votaron la decisión. También se los denunció por prevaricato, al entender que como jueces dictaron una resolución arbitraria e injusta.

El gobierno, a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, repudió la decisión de la Corte que considera "un símbolo de la impunidad en Argentina". Macri se mantiene en silencio.

El origen del "2x1" 

El Tribunal decidió aplicar la semana pasada el llamado '2 por 1' al exagente paramilitar Luis Muiña, -condenado a 13 años de prisión- porque estuvo preso poco más de 9 años por su participación en el secuestro y tortura de 5 personas en 1976.

Esa ley estuvo vigente de 1994 a 2001 en Argentina y permitía computar doble cada día pasado en prisión preventiva a la hora de fijar condena.

La ley, aprobada tras un sangriento motín carcelario, fue pensada para descomprimir el hacinamiento de las prisiones. No estableció límite alguno para su aplicación tanto a delitos comunes como de lesa humanidad.

Por entonces estaban en vigencia las leyes de perdón derogadas recién en 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007).

"Esta sentencia es una amnistía parcial, un indulto encubierto", afirmó el exjuez español de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que impulsó juicios contra genocidas en España.

El jurista sostuvo que el fallo "no tiene justificación jurídica sino política", en sintonía con el cambio político que vive Argentina con el mandato del liberal Macri luego de 12 años de gobiernos de centroizquierda.

Dos de los jueces que votaron a favor fueron designados a propuesta del gobierno el año pasado y la tercera es la única mujer del Tribunal que debía jubilarse a finales de año.

El legislador opositor y exgobernador José Luis Gioja, calificó como "curioso" el voto de la jueza al deslizar un supuesto acuerdo para permanecer en la Corte.

Garzón consideró que "los jueces federales no van a atender el criterio de la Corte Suprema. Los jueces argentinos no pueden hacer lo que quieran porque tienen que rendir cuentas en ámbitos internacionales".

Dos fiscales pidieron declarar la inconstitucionalidad del fallo y dos tribunales rechazaron 3 peticiones de condenados para aplicar el mismo criterio tras el dictamen de la corte. (I)