La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este martes una sentencia en la que condena al Estado hondureño por la destitución de 4 jueces que se opusieron al golpe de Estado contra el exmandatario Manuel Zelaya, en 2009, y ordena la restitución de 3 de ellos, recoge la agencia EFE.

"Durante esta situación de ilegitimidad internacional del gobierno de facto se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y favor del Estado de Derecho y la democracia", señala la sentencia de la CorteIDH.

Este caso, el primero que llega a juicio a la CorteIDH sobre el golpe a Zelaya, se refiere al despido de los magistrados Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

La CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, ordenó al Estado hondureño la restitución de López Lone, Chévez de la Rocha y Flores Lanza. Barrios Maldonado ya había sido restituido en el año 2011 por la Corte Suprema de Honduras.

Los jueces deben retornar a cargos "similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento", ordenó la CorteIDH.

Estos juristas formaban parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual emitió su posición en rechazo al golpe de Estado.

El fallo afirma que, al ser destituidos por su oposición, "fueron vulnerados los derechos de los jueces a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como sus derechos políticos".

Además, la sentencia sostiene que "en momentos de graves crisis democráticas, como la ocurrida en este caso, no son aplicables las normas que ordinariamente restringen el derecho a jueces y juezas a la participación en política respecto de actuaciones en defensa del orden democrático".

También resaltó que "la destitución arbitraria de jueces, especialmente jueces de carrera sin faltas disciplinarias previas, por sus actuaciones en contra del golpe de Estado y la actuación de la Corte Suprema respecto del mismo, como ocurrió en el presente caso, constituye un atentado contra la independencia judicial y afecta el orden democrático". (I)