La sentencia anulada prohibía la tauromaquia, peleas de gallos, novilladas y becerradas en poblaciones en las que esas actividades no tuvieran arraigo cultural, explicó a Efe una fuente del Constitucional.

Uno de los primeros efectos de la decisión es que las corridas de toros no quedarán penalizadas a partir del 2019, como se había establecido en el anterior fallo.

El Congreso de Colombia tampoco tendrá que legislar con respecto a las actividades taurinas como lo contemplaba esa sentencia, pues tenía plazo hasta el 2019.

La sentencia completa de la Corte se publicará en los próximos días y allí se explicarán los detalles de la determinación.

La plataforma Alto, que está en contra del maltrato animal, mostró su rechazo a la decisión de la Corte y aseguró en un mensaje de Twitter que era "lo previsto".

Por su lado, el senador Armando Benedetti calificó de "horror" la decisión de la corte y dijo que esa corporación "está peor que el Congreso que hace leyes a la medida de quién las manda a hacer, de quién ayudó o colaboró con la elección".

El Representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Losada dijo en un video difundido en redes sociales que no quería pronunciarse "de fondo" sobre la sentencia de la Corte pero llamó a redoblar esfuerzos para apoyar "los proyectos que buscan acabar con la tortura animal" en todas las plazas del país.

Varias iniciativas que han sido llevadas al Congreso y a través de las cuales se pretendía acabar con la tauromaquia, las peleas de gallos y otras actividades similares pero ninguna ha prosperado.

A propósito de la tauromaquia, en febrero pasado la Corte Constitucional una sentencia que obligaba al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a hacer una consulta popular para definir la continuidad de las corridas de toros en la capital colombiana.

Entre los motivos por los que fue anulada la sentencia está el hecho de que se "desconoció el precedente y la cosa juzgada", que indicaba que este tema debe ser definido por el legislador, en este caso el Congreso.

Colombia es uno de ocho países del mundo donde aún se permite la lidia de toros, que para un sector de la sociedad es una expresión de violencia y crueldad contra los animales mientras que los taurófilos lo ven como un evento cultural icónico de Bogotá.

La plaza de toros La Santamaría de Bogotá fue cerrada en junio de 2012 por orden del alcalde de entonces, el izquierdista Gustavo Petro, quien dijo que ese escenario debía usarse para "actividades de vida y no de muerte".

Sin embargo, en septiembre de 2014 la Corte Constitucional ordenó el regreso de las corridas de toros a La Santamaría al fallar en favor de la Corporación Taurina de Bogotá una acción de tutela (recurso de amparo) presentada contra la decisión de Petro. (I)