La Corte Suprema de Justicia argentina aplicó un durísimo golpe al gobierno neoliberal del presidente Mauricio Macri al anular por unanimidad el “tarifazo” del 400% en las boletas de gas aplicado a los usuarios residenciales y que había desatado una oleada de protestas en todo el país.

“La Corte Suprema frenó el Tarifazo!!! Derrota para el gobierno y triunfo de la movilización y lucha del pueblo argentino!!”, tuiteó el dirigente del opositor Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro.

El fallo representa además un gran alivio para el bolsillo de los argentinos en pleno invierno austral y en medio de un severo ajuste, recesión económica, una inflación del 40% anual, 140.000 despidos desde la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre y un ejército de 1,4 millones de nuevos pobres, según el Observatorio social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El gobierno culpa de esta crisis a la “herencia” recibida de la gestión anterior.

El fallo deja afuera a las industrias, los comercios y las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que sí pagarán el “tarifazo” que en su caso llega al 500% y con retroactividad al 1 de abril, lo que significa un golpe severo para el aparato productivo nacional. Este sector representa el 74% del consumo de gas contra el 26% del sector residencial (viviendas).

¿Por qué el fallo benefició solo a usuarios residenciales? La respuesta la dio la corte: son “personas a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a la justicia en donde pueden ser representados en una sentencia colectiva”.

El dictamen ratificó así un fallo de la Cámara Federal de la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, que obligó al gobierno a retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de los aumentos. Los jueces coincidieron en que el Ejecutivo debió realizar audiencias públicas, como marca la ley, para decidir estos impopulares ajustes.

“La audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas”, según establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, que prevé la participación de los usuarios en la fijación de los nuevos precios, reseñó el fallo.

El gobierno afirmó que dichas audiencias se realizaron en 2014, por parte del gobierno anterior. Pero la corte rechazó ese argumento:  “no es válido fundarse en una audiencia” de hace dos años “para adoptar una decisión” que tiene que ver con la actualidad.

El aumento de las tarifas de gas, luz y agua fue un “caballito de batalla” del gobierno desde que asumió el poder. Hasta entonces el precio de los servicios esenciales estaba fuertemente subsidiado e incluso con diferentes precios de acuerdo con las distintas regiones del país.

Así, los usuarios de Buenos Aires y la populosa provincia homónima, donde vive un tercio de la población nacional, pagaban precios inferiores al resto. (I)