Un tribunal egipcio confirmó el martes la pena de muerte contra el derrocado expresidente Mohamed Mursi en un juicio por evasión de prisión y violencia durante la revuelta de 2011, un veredicto que confirma la voluntad del poder de erradicar a la oposición islamista.

Poco antes, el mismo tribunal había condenado a Mursi, primer presidente elegido democráticamente en Egipto, a cadena perpetua por "espionaje". Y el 21 de marzo, en un primer juicio, fue condenado a 20 años de prisión por incitación a la violencia contra manifestantes en 2012.

La pena de muerte en este tercer proceso fue confirmada después de que el tribunal consultara al gran muftí, la mayor autoridad religiosa del país en la interpretación de la ley islámica, al que el gobierno otorga un rol consultivo.

Al escuchar las sentencias, el expresidente, calmado y sonriente, levantó los puños unidos para expresar su determinación.

Los veredictos de los tres primeros juicios (le esperan otros dos), fueron pronunciados en primera instancia y pueden ser recurridos.

Veredictos grotescos 

La Hermandad de los Hermanos Musulmanes denunció unos "veredictos grotescos", llamando a manifestarse el viernes "contra las penas de muertes, las desapariciones forzadas" y contra "el criminal fascista Abdel Fatah al Sisi y su banda".

La Casa Blanca dijo por su parte este martes que la sentencia contra Mursi tenía "motivos políticos", una crítica severa de Washington a su aliado militar.

"Estamos profundamente preocupados porque las sentencias pronunciadas hoy por un tribunal egipcio contra el expresidente Mursi y otros tuvieron motivos políticos", dijo el portavoz Josh Earnst.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también está "muy preocupado" por la confirmación de las penas de muerte en Egipto, afirmó este martes el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

Ban teme que esas sentencias "tengan un impacto negativo sobre las perspectivas de estabilidad a largo plazo de Egipto", destacó.

El presidente islamoconservador de Turquía, Recep Tayyep Erdogan, denunció la sentencia como una "masacre contra los derechos fundamentales y las libertades".

Para la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), se trata de "una parodia de justicia" que demuestra "hasta qué punto el sistema judicial es defectuoso en Egipto.

El tribunal de El Cairo, ubicado dentro de una academia de policía bajo alta vigilancia, condenó a muerte a Mursi por evadirse de prisión durante la revuelta popular de enero y febrero de 2011 que puso fin a 30 años de presidencia de Hosni Mubarak, pero también por "haber planificado ataques contra el Estado con la colaboración del Hamas palestino y del Hezbolá libanés". 

En el proceso por espionaje, que le valió la cadena perpetua - lo que equivale a 25 años de prisión en Egipto-, el juez confirmó las penas de muerte pronunciadas el 16 de mayo contra 16 personas, de las cuales dos altos dirigentes de los Hermanos Musulmanes de Mursi: el riquísimo empresario Khairat al Chater y Mohamed al Beltagui.

Mursi recusa legitimidad judicial 

Otras 16 personas, entre ellas el guía supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badi, y el expresidente del parlamento, Saad al Katatni, fueron sentenciados a cadena perpetua. Dos más fueron condenados a siete años de prisión. Badi también fue condenado a muerte en el proceso por "espionaje".

"Vamos a recurrir el veredicto", anunció Abdel Moneim Abdel Maqsud, un abogado de la defensa, precisando que, en el caso de Mursi, antes deberían obtener su acuerdo. 

En efecto, Mursi, que está siendo aún procesado en otros dos juicios - uno por "ultraje a un magistrado" y otro por espionaje para Catar-, se sigue considerando el "presidente de Egipto" y recusa la legitimidad de sus jueces.

El expresidente y 34 coacusados fueron encontrados culpables de haber suministrado "informes de seguridad" a Irán y de espionaje a favor de Hamas y Hezbolá "con el objetivo de llevar a cabo ataques terroristas en el país para sembrar el caos y acabar con el Estado".

Desde que Mursi fuera derrocado por el exjefe del ejército y actual presidente Abdel Fatah al Sisi, sus partidarios han sido duramente reprimidos. Al menos 1.400 manifestantes islamistas han muerto, más de 40.000 han sido arrestados y cientos, condenados a muerte en juicios sumarios y expeditivos, calificados por la ONU como "sin precedente en la historia reciente" del mundo. 

La represión se extendió a los movimientos laicos y de izquierda, punta de lanza de la revuelta de 2011 que echó a Mubarak del poder, y que son objeto de detenciones arbitrarias, según organizaciones de defensa de derechos humanos. Decenas de manifestantes han sido condenados a penas de prisión por violar una controvertida ley que limita el derecho a manifestación. (I)