El Tribunal Supremo de Estados Unidos   anuló parte de las cláusulas de la polémica ley antiinmigración de Arizona, conocida como SB1070, que convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en este Estado. No obstante, la Policía estatal podrá detener a personas sospechosas de ser o parecer indocumentados hasta  verificar su estatus migratorio, algo que, según los activistas pro-inmigrantes, da licencia a la discriminación racial. La comunidad de inmigrantes rechazó el fallo.

En su dictamen, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la ley. Las tres cláusulas incluían una previsión para que fuera un delito el que los inmigrantes ilegales trabajen y la obligación de los extranjeros a portar sus documentos. Pero habilitó la  facultad de los policías a   arrestar, sin orden judicial, a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante ilegal.

Para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), la SB1070 es una  ley estatal que busca arremeter contra los inmigrantes indocumentados que residen en Arizona y tildaron el fallo como una “carta blanca  para   codificar el perfilamiento racial”.

La abogada de inmigración Lilia Velásquez dijo que el fallo emitido “causará  temor en la comunidad inmigrante”.
La ley antiinmigratoria de Arizona había sido promulgada por la gobernadora republicana, Jan Brewer, en abril de 2010 con la férrea oposición de grupos pro inmigrantes.

La decisión de la Corte supone una victoria política para el gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en materia de inmigración.

“Me satisface que la Corte Suprema haya invalidado partes clave de la ley de inmigración de Arizona”, señaló ayer Obama en un comunicado, en el que al mismo tiempo señalaba su inquietud “sobre el impacto en términos prácticos” de esos controles de identidad policiales, que la Corte declaró legales.

“Ningún estadounidense debería vivir bajo sospecha solamente por su aspecto”, advirtió el presidente demócrata, para quien esta sentencia “deja absolutamente claro que el Congreso debe aprobar una reforma migratoria integral”.

Por su parte, Brewer calificó como una “victoria” que los jueces del Tribunal Supremo de Justicia mantuvieran “el corazón” de la SB1070, e informó   que las agentes del orden están preparadas para cuestionar el estatus migratorio de los detenidos.