La Corte Suprema argentina tiene en sus manos un componente vital del futuro democrático del país austral. Sus siete miembros deberán decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o “ley de medios”, sancionada por el Congreso hace cuatro años, el 10 de octubre de 2009, y que no fue aplicada en forma plena por las argucias legales presentadas en la justicia por el poderoso grupo mediático Clarín.

“Es un juicio crucial para la democracia argentina. La corte tiene un caso fácil, porque es claro, pero políticamente muy complicado. Tiene que resolver si es una corte que pasa a la historia poniéndole una bisagra a las relaciones entre Estado y corporaciones, o si es una corte que hocica (baja la cabeza, en el argot local) ante el poder del establsihment”, resume el analista político Mario Wainfeld.

El fallo puede salir en cualquier momento. El tribunal está  listo para emitir sentencia tras varias audiencias públicas celebradas la última semana de agosto con representantes del Estado y del grupo Clarín. El máximo tribunal no debe resolver si la ley de medios es buena o mala, si puede mejorarse o es obsoleta, sino sobre la constitucionalidad o no de algunos artículos que el monopolio mediático tacha de ilegales.

En concreto, el grupo Clarín puso en la mira desde el primer momento el artículo 45, que fija un límite a la cantidad de licencias concentradas y obliga por ello a desinvertir; y al 161, que dio un año de plazo para aquellos que tengan que adecuarse a la ley. “Hay quien dice que la corte va a sacar un fallo intermedio. Yo no encuentro ese fallo intermedio. El día que salga el fallo, en Clarín se festeja o en Clarín hay bronca”, afirma Wainfeld.

24 licencias de TV por cable y 10 de  señal abierta  puede manejar cada empresario en Argentina, según la leyEl grupo se ha transformado en el principal enemigo del “kirchnerismo”. Desde sus más de 400 empresas -entre radios, diarios, canales de TV abierta o por cable e Internet- ha desarrollado una verdadera guerra mediática contra el único gobierno que, en 30 años de democracia, decidió llevar adelante, hasta las últimas consecuencias, una ley de medios que reemplazara a la vigente desde la última dictadura (1976-83), algo que no pudo hacer el expresidente Raúl Alfonsín (1983-89) y no quiso su sucesor Carlos Menem (1989-99).

Alfonsín, el primer presidente de la democracia, acusaba a Clarín de llevar a cabo una campaña contra su gobierno. El motivo: el exmandatario se negaba a derogar el artículo 45 de la ley que le impedía a Clarín una mayor concentración de medios tras hacerse durante el régimen militar -en oscuras circunstancias- de  Papel Prensa, la única empresa productora de papel de diarios del país cuyos dueños habían sido detenidos y torturados por la dictadura. El final es conocido: Alfonsín abandonó el poder seis meses antes del plazo constitucional en medio de una grave crisis. Menem, con el respaldo del grupo, inició una era de privatizaciones salvajes. La primera empresa privatizada fue la televisora Canal 13. Y fue a parar al diario Clarín.

Desde entonces el poder corporativo del grupo creció en forma inconmensurable. Logró torcerle el brazo al expresidente de la derecha peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) obligándolo a aceptar una “pesificación” de su deuda dolarizada tras la fuerte devaluación con la que inició su mandato.

Luego, el multimedio tuvo una “primavera” con Néstor Kirchner (2003-2007), al que respaldó tras obtener el vía libre para el crecimiento de su participación en el mercado de la televisión por cable. Pero la guerra empezó tras la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, en medio de una fuerte pelea del gobierno con la patronal agropecuaria, apoyada  por Clarín, por el alza de las retenciones a las exportaciones de granos.

“En el grupo Clarín reina el optimismo con el fallo de la corte. Hay algunos muy optimistas. Los más cautos dicen que algo van a tener que ceder en una especie de solución salomónica, aunque piensan que el grupo no será el más afectado”, confía a EL TELÉGRAFO una fuente jerárquica del multimedio que pidió el anonimato.

Pero ¿qué dijeron en las audiencias públicas de la corte el grupo mediático y el Estado? El gobierno denunció el crecimiento “monopólico” de la corporación en base a prácticas “depredadoras” iniciadas durante la dictadura, a la que Clarín respaldó,  mientras el multimedio aludió a una “incapacidad de sobrevivir” en caso de aplicarse en forma plena la ley denunciando “hostigamiento” estatal.

“La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del grupo. Lo único que se persigue es desguazar al grupo Clarín”, dijo   Damián Cassino, abogado de la corporación. Y agregó: ¿para qué quiere el Estado las licencias del grupo Clarín sino es para silenciar la voz crítica? “La sustentabilidad económica es una cuestión central para garantizar la independencia y pluralidad de voces. La producción periodística requiere sustentabilidad económica”, enfatizó.

El argumento llamó tanto la atención que el presidente de la corte, Ricardo Lorenzetti, le repreguntó: “si alguien no tiene volumen económico, ¿no tiene libertad de expresión? Los abogados de Clarín rompieron el récord de balbuceos en esa parte de la audiencia.

Graciana Peñafort Colombi, abogada del Estado, defendió la posición oficial: “no se desea reducir las licencias de Clarín, se desea desconcentrar el mercado argentino, no el grupo Clarín”.

La ley aprobada en el Congreso establece que cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de TV abierta.  Según una publicidad del gobierno, el grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de TV por cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta.

Miguel Rodríguez Villafañe, abogado que representa el sector de las cooperativas periodísticas, declaró a EL TELÉGRAFO que “lo que está en juego es evitar que unos tengan voces y manejen el altoparlante y otros no puedan ser escuchados. El pluralismo de la información es una necesidad de la democracia y no del mercado. El mercado librado a sus fuerzas lleva al monopolio”.

Y añadió: “el fallo de la corte debe respetar la ley. Aquí hay una sociedad que ha sacado una nueva ley basada en tres pilares fundamentales: derechos humanos, redistribución del bien natural escaso que han sido las ondas hertzianas y evitar la concentración” de medios. “El único razonamiento de Clarín es que solo un medio con capacidad económica garantiza la libertad de expresión”, concluyó.

A un mes y medio de las elecciones legislativas del 27 de octubre, tras las internas abiertas y obligatorias del 11 de agosto que fueron un verdadero dolor de cabeza para el gobierno, la corte debe dar un fallo histórico. No tiene plazos. Puede hacerlo antes o después de los comicios. Por las dudas Clarín abrió el paraguas: ya avisó, por medio de su abogado Damián Cassino, que en caso de un fallo adverso recurrirá a instancias internacionales.