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Impugnarán resultado de consulta anticorrupción en Colombia

La consulta anticorrupción recabó poco más de 11,6 millones de votos.
La consulta anticorrupción recabó poco más de 11,6 millones de votos.
Foto: AFP
28 de agosto de 2018 - 10:34 - Agencia EFE

La exsenadora colombiana, Claudia López, principal promotora de la consulta anticorrupción que se celebró este domingo 26 de agosto y que no llegó al umbral de voto necesario para que tuviera validez, anunció que impugnará el resultado porque considera que la entidad que organiza los comicios "violó la ley".

López publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que impugnará el resultado "de todas las mesas" electorales porque considera que la Registraduría Nacional (entidad organizadora de los comicios) violó la ley al no reportar "el total de sufragantes y tarjetones (de voto) depositados que determinan umbral de participación".

La consulta anticorrupción recabó poco más de 11,6 millones de votos, por lo que no alcanzó los 12,1 millones de votos, un tercio del censo electoral, fijados como umbral para que tuviera validez.

Según López, la Registraduría sólo reportó el umbral de aprobación de cada una de las siete preguntas, pero no el global.

La senadora Angélica Lozano, otra de las promotoras de la iniciativa, aclaró que la impugnación no significa "alegar fraude" y detalló que este es el "nombre técnico de solicitar que la comisión escrutadora" del Consejo Nacional Electoral (CNE) "que por ley se reúne hoy establezca el umbral de participación, la cantidad de personas que votaron".

Reiteró, también en Twitter, que la impugnación "demanda, exige y señala que la Registraduría violó la ley al no dar el número total de votos" y "se limitó a dar resultados por cada pregunta. La ley exige dar el total de participantes".

La consulta anticorrupción tuvo siete preguntas, cada una de las cuales contó con las opciones "sí" o "no".

Entre los temas a consultar figuraron la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganaron más de 25 salarios mínimos legales vigentes y la posibilidad de que haya cárcel para los corruptos, así como el prohibirles volver a contratar con el Estado. (I)

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