La norma, aprobada en el pleno del Parlamento por 80 votos a favor, 24 en contra y 7 abstenciones, busca evitar que queden paralizados 252 proyectos de obras públicas en ejecución por valor de 30.000 millones de soles (unos 9.200 millones de dólares) a cargo de cerca de 40 empresas privadas investigadas por la Fiscalía.

La ley sucede al llamado decreto "Anti-Odebrecht", instaurado por el Gobierno hace un año para afrontar el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht con la intervención de cuentas, la prohibición de trabajar para el Estado y la supervisión de sus ventas de bienes a las empresas que hubiesen confesado delitos de corrupción.

El decreto de urgencia 003 expiraba el 15 de marzo tras haber sido prorrogado en febrero por 30 días a pesar de que la Constitución no lo permitía.

Ese plazo fue utilizado para lograr el consenso de la oposición sobre la nueva ley, especialmente por parte del fujimorismo, al que la primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, acusó esta semana de dilatar deliberadamente su aprobación para que el Ejecutivo pague los efectos de la desaceleración económica.

Entre las constructoras peruanas investigadas en el caso Odebrecht están varias de las más importantes del país, como Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (Iccgsa).

Estas compañías se asociaron en consorcios con Odebrecht para participar en concursos de millonarios contratos en obras públicas ganados mediante sobornos de la empresa brasileña.

El caso Odebrecht implica en Perú a la primera plana política del país por los sobornos pagados entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares con las que supuestamente financiaron campañas de los principales líderes políticos y candidatos a la Presidencia. (I)