La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó hoy, en primera votación, un proyecto de ley que prohíbe la publicidad de las instituciones estatales en los medios de comunicación privados.

La iniciativa, que aún necesita de una segunda votación para ser oficializada, ha sido rechazada por las autoridades del Ejecutivo y medios privados, que la consideran una forma de censura y un atentado contra el derecho a la información de los ciudadanos.

Fue presentada por el congresista aprista Mauricio Mulder y hoy contó con el respaldo de legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, que tiene la mayoría en el Congreso.

Votaron en contra los representantes del partido gobernante Peruanos por el Kambio (PPK) y de Acción Popular, mientras que los izquierdistas de Nuevo Perú y el Frente Amplio se abstuvieron.

Según el texto del proyecto de ley, todas las entidades públicas, gobiernos locales y regionales y empresas del Estado podrán publicitar sus tareas de gestión "únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo".

"Queda prohibida toda publicidad en medios privados, bajo responsabilidad", señala la norma.

Sin embargo, excluye de sus alcances a los casos de emergencias o desastres nacionales declarados por decretos de urgencia y las campañas de educación de las entidades electorales una vez convocados los comicios.

Durante el debate de hoy, la Comisión Permanente rechazó una propuesta de legisladores de PPK para que el proyecto retorne a comisiones para que sea sometido a un análisis más exhaustivo.

Al respecto, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) consideró hoy, antes de la votación, que se trata de una "censura indirecta" en contra de la línea editorial de los medios de prensa que, además, afecta el derecho a la información de los ciudadanos.

"El Consejo de la Prensa reitera que se trata de un mecanismo de censura indirecta que busca condicionar línea editorial de los medios de comunicación, afectando el derecho ciudadano a la información. Ley Mordaza", señaló el CPP en Twitter.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó en enero su rechazo a este proyecto, al que calificó como "una práctica discriminatoria que lesiona los principios constitucionales de libertad de prensa, libertad de empresa y de acceso a la información pública y transparencia". (I)