Una subcomisión del Congreso de Perú dio luz verde este miércoles 1 de agosto a una acusación constitucional contra el flamante fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry, envuelto en el escándalo de los audios de jueces que remece al país.

A Chávarry, quien asumió hace apenas dos semanas el cargo para el que había sido elegido en junio, es acusado de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho y tráfico de influencias, según lo aprobado por unanimidad por la subcomisión de acusaciones constitucionales.

La acusación fue presentada al Congreso por el legislador izquierdista Marcos Arana, quien afirmó que Chávarry "le mintió al país" al negar haberse reunido con el cuestionado juez César Hinostroza, un miembro de la Corte Suprema involucrado en el escándalo.

Chávarry negó haber acudido a una reunión con el juez en la casa de un empresario que ahora está preso por el escándalo, pero después reconoció que había asistido.

La subcomisión también declaró procedentes las denuncias contra el expresidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez, el juez Hinostroza y cuatro directivos del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano que designa a los jueces y fiscales peruanos.

El legislador socialdemócrata Javier Velásquez explicó que la subcomisión tramitará su resolución ante la Comisión Permanente del parlamento para iniciar las investigaciones a los siete acusados, que por su investidura, solo pueden ser destituidos por el plenario del Congreso.

Paradojalmente, la acusación contra el juez Hinostroza la presentó el propio fiscal general al Congreso.

El escándalo de los audios estalló el 8 de julio tras la divulgación de conversaciones telefónicas grabadas por la policía a pedido de la fiscalía para seguirle la pista a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el Callao, el principal puerto de Perú, vecino a Lima.

Desde que estalló el escándalo renunciaron Duberlí Rodríguez y el ministro de Justicia, Salvador Heresi. Además, fue destituido y detenido el presidente de la corte de apelaciones del Callao y dimitieron todos los integrantes del Consejo de la Magistratura.

El escándalo también salpicó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien ha rechazado renunciar tras divulgarse sus conversaciones con el juez Hinostroza, lo que sumió a la entidad que encabeza a una crisis interna, con las renuncias de varios directivos.

En respuesta al escándalo de los audios, el presidente peruano Martín Vizcarra lanzó una ambiciosa reforma judicial y anunció un referendo para legitimarla. (I)