El Congreso argentino aprobó este miércoles una ley impulsada por el presidente Mauricio Macri que abre las puertas al blanqueo de capitales no declarados pero sin forzar su repatriación, con el fin de solventar el pago de deudas por juicios previsionales.

Tras 9 horas de debate, el Senado aprobó el proyecto con 56 votos positivos y 11 negativos. La Cámara de Diputados lo había aprobado hace dos semanas.

Macri y varios miembros de su gobierno admitieron tener sumas millonarias en cuentas en el exterior, entre ellos el titular de Banco Nación, el mayor banco estatal, Carlos Melconian, quien reconoció tener unos $ 4,7 millones.

Sin embargo, el proyecto de ley impide que ingresen al blanqueo funcionarios o exfuncionarios que hayan formado parte del gobierno desde 2010, así como legisladores y miembros del poder judicial. Tampoco sus padres, hijos, cónyuges o convivientes.

La agencia de recaudación fiscal y el Banco Central estiman que hay unos $ 400.000 millones de argentinos depositados en cuentas de bancos de países desarrollados o en paraísos fiscales.

Tras enviar el proyecto al Parlamento, Macri dio marcha atrás en su intención de incluir en el texto un polémico artículo que impedía divulgar información sobre personas que admitan que han tenido dinero en el exterior.

El artículo penaba con prisión a funcionarios, jueces o periodistas que divulgaran datos de personas o empresas que acepten exteriorizar sus capitales fugados.

Legisladores de la oposición habían reclamado eliminar ese artículo.

A mediados de junio, el presidente repatrió 1,3 millones de dólares que tenía depositados en el paraíso fiscal de Bahamas.

El mandatario argentino es una de las centenares de personalidades del mundo que figuran al frente de sociedades offshore en los Panama Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

En esta misma ley de cerca de un centenar de artículos y denominada "de reparación histórica a jubilados", se busca saldar miles de reclamos judiciales por jubilaciones mal liquidadas. Este tema motivó el acompañamiento de la mayoría de los bloques.

El dinero para el pago de estos millonarios juicios se espera obtener del blanqueo de capitales y de la venta de parte de las acciones que tiene el Estado en empresas privadas y cuya renta servía para alimentar las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Se estableció sin embargo que la Anses mantendrá un piso de al menos 7% de su paquete accionario. Los trabajadores del organismo hicieron un paro de 24 horas para oponerse a la venta de las acciones, al considerar que ponen en peligro el sistema previsional estatal.

La norma incluye además un cronograma para devolver a las provincias el 15% de los impuestos que el gobierno central les retenía desde 1992, para contribuir a la financiación de la Anses, lo que sumó voluntades entre los gobernadores y sus representantes en el Senado.

La ley establece una pensión a la vejez para mayores de 65 años sin ingreso jubilatorio. (I)