Parlamentarios de todos los grupos políticos, a excepción de la derechista Fuerza Popular y el socialdemócrata partido Aprista, exigieron este lunes 3 de septiembre la renuncia del fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, presuntamente miembro de una organización criminal de tráfico de influencias en el sistema judicial.

El pedido, plasmado en una carta a la que accedió la AFP, incluye la solicitud de renuncia a otros dos fiscales investigados en el mismo caso, y está dirigido a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público que encabeza Chávarry.

"Ante esta situación, corresponde que los fiscales renuncien a sus cargos, se sometan a las indagaciones y ejerzan su derecho de defensa", dice el documento sobre la acusación planteada en un informe elaborado por la fiscal Sandra Castro.

"La justicia peruana requiere de liderazgos intachables", subrayan los congresistas firmantes.

Los legisladores resaltan que es incompatible con las funciones de los tres investigados que "hayan sido considerados como integrantes de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'", según la investigación de Castro.

Los firmantes de la solicitud son los voceros de las bancadas de los partidos Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Frente Amplio, Nuevo Perú (NP), así como congresistas no agrupados e independientes, detalló a la AFP la congresista Marisa Glave.

En cambio, Fuerza Popular, que controla el Congreso y cuya líder es Keiko Fujimori, no suscribió la misiva.

Según versiones publicadas en la prensa local, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) protegería al fiscal a cambio de que archive los casos de presunto lavado de dinero por los que se la investiga, entre los que destacan los supuestos aportes de campaña de la brasileña Odebrecht.

Pese a la presión de la mayoría de los parlamentarios, su pedido tiene pocas probabilidades de ser acatado.

Chávarry, quien resultó implicado en el caso tras una investigación de seis meses, se ha negado a renunciar, pese a haber sido acusado de promoción, constitución o integración de una organización, tráfico de influencia y cohecho pasivo.

El fiscal general niega haber cometido delitos.

En un video difundido en la cuenta de Twitter del Ministerio Público, Chávarry denunció: "El informe busca desestabilizarme en mi tenaz lucha contra la corrupción".

El caso se hizo público a inicios de julio, cuando la prensa divulgó audios de conversaciones telefónicas entre magistrados que revelaron la corrupción judicial.

La organización criminal "Los cuellos Blancos del Puerto", tenía contactos con magistrados para tráfico de influencias y para favorecer los procesos judiciales contra delincuentes, según el informe de la fiscal Castro. La mayoría de sus integrantes fueron detenidos en julio.

La investigación que incrimina al fiscal general se basa en testimonios de funcionarios involucrados en el caso, que han cooperado con la justicia a cambio de una eventual reducción de su pena. (I)