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Condenan a militares por masacre en Andes de Perú hace tres décadas

La sentencia del juicio, que duró más de 6 años, también establece el pago de una reparación civil de 150.000 soles (unos 44.000 dólares) a los deudos de cada una de las víctimas.
La sentencia del juicio, que duró más de 6 años, también establece el pago de una reparación civil de 150.000 soles (unos 44.000 dólares) a los deudos de cada una de las víctimas.
Foto: Agencia Andina
01 de septiembre de 2016 - 12:14 - Agencia AFP

La justicia peruana condenó el jueves a un grupo de militares que hace tres décadas encerró y mató con balas y granadas a 61 habitantes de la localidad andina de Accomarca, entre ellos una veintena de niños, aduciendo que eran integrantes de la guerrilla Sendero Luminoso.

La sentencia involucra a 10 miembros del Ejército, una cadena de mando que va desde el general que dio la orden para arrasar a los habitantes del poblado hasta el subteniente Telmo Hurtado, apodado "el carnicero de los Andes", quien admitió que cumplió fielmente la misión y reconoció ser el autor de la muerte de 30 de las víctimas.

Hurtado fue condenado a 23 años de cárcel y su colega Juan Rivera, a 24. Mientras que el general Wilfredo Mori, jefe de la región y quien dio la orden de ejecutar a los pobladores, debe cumplir 25 años de prisión.

A excepción de Hurtado, hoy un hombre de 54 años y preso hace una década, el resto de los sentenciados deben ser ubicados para su encarcelamiento.

Hurtado, quien fue extraditado de Estados Unidos en julio de 2011, reconoció su responsabilidad el 9 de abril de 2012, pero dijo que actuó por órdenes de sus superiores.

Para el tribunal, siete de los condenados son autores materiales y tres (los altos mandos) son autores mediatos de un hecho considerado como "grave violación a los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad", según la lectura de sentencia transmitida por el canal de TV del Poder Judicial.

La sentencia del juicio, que duró más de 6 años, también establece el pago de una reparación civil de 150.000 soles (unos 44.000 dólares) a los deudos de cada una de las víctimas.

No fue uno solo 

Tras la lectura de la sentencia en la sala de audiencias del penal Miguel Castro de Lima, Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas, se mostró satisfecho con la condena y afirmó que se abandona la tesis oficial que prevaleció por 30 años de que el crimen fue perpetrado por una "sola persona".

La sala presidida por Ricardo Brousset señaló que hay dificultad para determinar el número de víctimas ya que al haber sido voladas con explosivos, no se hallaron todos los cuerpos. Al final se determinó que fueron 61.

La denominada "masacre de Accomarca", un poblado pobre de la región de Ayacucho, ocurrió el 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla militar irrumpió en la zona con la información de que Sendero Luminoso iba a desarrollar una asamblea en el lugar.

Según los testimonios recabados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe (CVR, 2003) y reiterados en el juicio, los soldados llevaron a los pobladores a la choza donde supuestamente iba a realizarse la reunión.

Allí acribillaron y lanzaron granadas a los capturados. El resto de la población corrió a esconderse a los cerros. Los hechos ocurrieron al inicio del primer gobierno de Alan García (1985-1990), quien participó en 2014 en el juicio como testigo y calificó el hecho como "crimen atroz".

La CVR recomendó judicializar el caso. Los militares participantes en el crimen habían sido beneficiados por una ley de amnistía otorgada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que al final se anuló y permitió que se reabrieran las investigaciones en 2005.

Recién en 2010, la fiscalía acusó a los responsables y se abrió un juicio. El caso ha sido continuado por hijos y hasta nietos de las víctimas.

Durante la guerra interna en Perú (1980-2000), los campesinos pobres de los Andes fueron carne de cañón tanto para las guerrillas como para el Ejército. La CVR contabiliza unos 69.000 muertos producto del conflicto.

Sendero Luminoso está prácticamente desmantelado y la mayoría de sus líderes presos. Remanentes operan en un valle de la selva central del Perú, aliados con el narcotráfico, según las autoridades. (I)

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