La detención del juez que investiga la compra con sobreprecio de respiradores y el silencio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) agravaron en las últimas horas el escándalo de corrupción que sacude a Bolivia.

El juez Hugo Huacani salió en libertad esta madrugada y dijo estar decidido a seguir con el caso que involucra al entorno de la gobernante Jeanine Áñez y no solo a funcionarios de su confianza.

El novio de la hija, Mohamed Mostajo, quien según vídeos previos se ufana de ello, impulsó la operación usando el cargo inusual de 'Embajador para la Ciencia y la Tecnología' que le otorgó la gobernante de facto.

En ese contexto, Castro fue detenido ayer por la Policía en pleno tribunal, sin notificación judicial o fiscal previa de que se le había abierto un proceso. La abrupta captura se realizó cuando el juez instalaba una audiencia en la que dictaría órdenes de prisión preventiva a cinco involucrados, encabezados por el destituido ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien autorizó la compra de los equipos de respiración asistida para pacientes graves de la covid-19.

La prensa reveló que al juez lo denunció el viceministro de Transparencia Guido Melgar, por prevaricato, porque envió a prisión domiciliaria a la asistente del exministro del gobierno de Evo Morales, Juan Ramón Quintana (asilado en la Embajada de México) que llevaba meses detenida sin juicio.

Pocos dudan en círculos políticos y periodísticos que la abrupta captura refleja desesperación gubernamental porque el escándalo de los respiradores involucra cada vez más a la mandataria, que se ufanó de haber hecho un gran esfuerzo para lograr la compra.

El magistrado Huacani recibió el pronto apoyo de la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz, Margot Pérez, quien calificó de arbitraria la acción, pues las decisiones judiciales no son punibles y solo procede apelarlas en caso de cuestionamientos, en tanto un juez declaró ilegal la captura y liberó al letrado detenido.

Por su parte, el procurador del Estado, José María Cabrera, denunció que la representación del BID se niega a dar información sobre la dolosa operación, invocando inmunidad como organismo internacional, pese a que avaló la adquisición como financiador.

Cabrera dijo que el BID esconde información y por su actuación "de tan alta sospecha" debe renunciar a la inmunidad reclamada, lo que está permitido por los convenios con Bolivia.

Fuentes diplomáticas consultadas señalaron que el BID fiscaliza el uso de sus créditos desde su inicio y paso a paso, al extremo que avala o veta los desembolsos a contratistas, y en este caso aprobó el pago previo a cuenta, a los proveedores españoles de los equipos.

El procurador hizo notar que el BID aprobó el parcial con inusitada celeridad el mismo 9 de mayo último, cuando la pidió el director de la Agencia de Infraestructura del Ministerio de Salud, Geovani Pacheco.

Añadió que la negativa del BID es "una señal funesta" del organismo financista de la compra, con un sobreprecio de más de tres millones de dólares por la compra de 500 respiradores.

Cuando llegaron los 170 primeros equipos se descubrió que no sirven para unidades de cuidados intensivos, el fin de la compra, sino solo para atenciones breves de emergencia, por lo que se hizo evidente el sobreprecio pagado. (I)