El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha aplaudido la decisión de las autoridades de Argentina de no deportar a una madre que ya había cumplido su sentencia por un delito de tráfico de estupefacientes al tener en cuenta el interés superior de sus tres hijos, un nuevo precedente en el país sudamericano.

El caso se remonta a 2000, cuando Rosario, de nacionalidad peruana, entró en Argentina, donde fue detenida y condenada por posesión de drogas. La pena planteaba su posterior expulsión, así como la prohibición de reingresar al país en los ocho años posteriores.

En 2003, quedó en libertad y al año siguiente la Dirección Nacional de Migraciones solicitó la deportación de la mujer. Esta presentó una cascada de recursos que llegó hasta la Corte Suprema y en mitad de los cuales conoció a su pareja, con quien tuvo tres hijos nacidos en 2008, 2009 y 2019.

El Supremo confirmó en 2019 la expulsión de Rosario, por lo que los tres menores --uno de ellos aún lactante-- acudieron al Comité de Derechos del Niño, que se dirigió a las autoridades argentinas para advertir del daño irreparable que supondría para los tres hijos la separación de su madre.

Las autoridades del país sudamericano decidieron entonces suspender la deportación y otorgar residencia permanente a Rosario en julio del año 2020. "Estoy muy agradecida con la gente que me ayudó mucho como para seguir al lado de mis hijos. Así puedo ver crecer a mis tres hijos", ha dicho la mujer.

La presidenta del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones Individuales, Ann Skelton, miembro del Comité, ha advertido de que, "si Rosario hubiera sido deportada, sus hijos habrían tenido que ser separados de su madre u obligados a dejar Argentina, el único país que conocen". (I)