El acuerdo anunciado el martes en La Habana y que dejó a Colombia cerca de sellar la paz definitiva con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de más de 50 años de conflicto, en esencia busca garantizar los derechos de reparación a las víctimas y la aplicación de justicia.

Sin embargo, para las víctimas no está todo claro. La Confederación de Víctimas de las FARC y la Fundación Víctimas Visibles solicitaron al gobierno, en un comunicado, claridad en el lenguaje del acuerdo.

En primer lugar las asociaciones de víctimas piden que se explique la diferencia entre sanción y castigo para delitos de lesa humanidad, además indican que en ninguna parte se mencionan “penas privativas de la libertad”, por lo que nace la pregunta, ¿No habrá privación de la libertad?

Otro aspecto que les preocupa es que en el texto se cita que la sanción no inhabilita los derechos políticos, lo que lleva a preguntarse si una vez confesados los delitos de lesa humanidad, mientras se esté cumpliendo la sanción, ¿podrán hacer política?, ¿podrán elegir y ser elegidos?

Perdón y reparación

El pacto anunciado contiene 63 páginas y en el primer lugar indica que las FARC van a reparar a sus víctimas participando en la ubicación de los restos de personas muertas o desaparecidas, en el desminado, en la sustitución de cultivos ilícitos, en la reconstrucción de la infraestructura de los territorios dañados por la guerra y en tareas de reforestación.

Pero, además, como lo dijo el jefe de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, esa guerrilla se comprometió “a contribuir a la reparación material de las víctimas”. De su lado, el Estado pondrá en marcha programas de retorno y reubicación de personas desplazadas o que huyeron del país por la violencia.
Tribunales de paz

En cuanto a justicia, también quedaron resueltas las dudas sobre las condiciones de la restricción de libertad de los jefes guerrilleros comprometidos con delitos graves.

Será el Tribunal para la Paz el que defina el sitio de permanencia de los sancionados, que según el acuerdo tendrá “condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”. No será una prisión, pero, en todo caso, estarán sometidos a vigilancia y supervisión “para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal”.

Puntualmente, los desplazamientos de los jefes de las FARC comprometidos con delitos graves y procesados por el Tribunal serán en función del cumplimiento de las sanciones, muchas de las cuales coinciden con los trabajos de reparación.

Es decir, si la sanción es participar, por ejemplo, en la construcción de una escuela en una vereda distinta al lugar de permanencia, el guerrillero ya desarmado podrá desplazarse a cumplir esta tarea. El hecho es que no podrá elegir su sitio de residencia y tendrá limitaciones de movilidad hasta que cumpla el tiempo de sanción que le dará el Tribunal para la Paz, detalla el diario El Tiempo.

Amnistía y derechos políticos

Colombia otorgará “la amnistía más amplia posible” para delitos como “rebelión, sedición, asonada, porte ilegal de armas y muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario”.

Quedarán excluidos de este beneficio crímenes como genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad. Asimismo “tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”.

Este acuerdo de justicia también se aplicará a los agentes del Estado que hubieren cometido delitos vinculados con el conflicto armado.

Quienes reconozcan su responsabilidad en delitos graves “tendrán un mínimo” de sanción “de 5 años y un máximo de 8 años” de privación de libertad. La jurisdicción especial “determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”, indica el texto. Cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad habrá penas efectivas de cárcel de 15 a 20 años.

Además, el gobierno se compromete a no extraditar a países como Estados Unidos a ningún guerrillero de las FARC que se acoja al acuerdo final de paz. (I)